Solo superada por el alto costo de la vida, hay una cuestión que preocupa especialmente a la población de Guatemala y que anhela que su próximo presidente consiga reconducir.
La inseguridad es identificada como la segunda inquietud de la población según una encuesta publicada en mayo por el diario Prensa Libre. Y es en ella en la que demandan que el ganador de estas elecciones –cuya primera vuelta se celebra este domingo– debería centrarse como una de sus prioridades.
Para ofrecer una respuesta a ese reclamo ciudadano contra los asaltos y extorsiones, varios de los candidatos a dirigir Guatemala buscaron muy cerca para encontrar un modelo de seguridad que prometen replicara al menos en parte en caso de resultar elegidos: la política de “mano dura” de su vecino El Salvador.
Liderada por su presidente Nayib Bukele –quien goza de una popularidad superior al 90%–, esta estrategia consiguió reducir drásticamente sus cifras de homicidios tras el arresto de más de 60.000 presuntos miembros de pandillas y su la práctica desarticulación.
Sin embargo, también recibió múltiples denuncias por supuestas vulneraciones de derechos humanos, miles de detenciones arbitrarias y más de 150 muertes en las cárceles en el marco de un estado de excepción que se alarga por más de un año.
La preocupación de los guatemaltecos se explica si se atiende a datos como que su tasa de homicidios aumentó en 2022 por segundo año consecutivo hasta alcanzar 17,3 por 100.000 habitantes, según el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN).
Sin embargo, la tendencia hasta 2020 se había mantenido siempre a la baja: desde el desorbitante 46,4 de 2009 hasta el mínimo de 15,3 que se registró en el primer año de la pandemia de covid-19.
Así, aunque aún están lejos de las tasas de casi todos sus vecinos (35,8 en Honduras; 25,2 en México y 25 en Belice, según el balance de homicidios de 2022 del portal especializado Insight Crime), muchos en Guatemala –al igual que en otros países de la región– miran con admiración los resultados salvadoreños: según el gobierno de Bukele, su tasa de homicidios bajó el año pasado hasta 7,8.
La cercanía geográfica de los dos países y la presencia en ambos de pandillas y otros grupos criminales hacen que ciudadanos guatemaltecos y algunos de los candidatos a presidente –conscientes del rédito electoral que les supone esta postura– defiendan que el "efecto Bukele" puede replicarse con éxito.
Pero ¿es eso realmente viable en el contexto de Guatemala?
Las propuestas de los candidatos
De los candidatos con más probabilidades de ganar la presidencia, según las encuestas, y que aludieron en sus campañas a la estrategia de seguridad de Bukele, Zury Ríos es probablemente quien muestra su aspiración de replicarla de forma más explícita.
Al frente de la derechista coalición Valor-Unionista, la hija de Efraín Ríos Montt –quien fuera gobernante de facto de Guatemala a inicios de los 80 y juzgado después por genocidio– viajó incluso a El Salvador para conocer algunos de los proyectos en el marco del llamado “Plan territorial” de Bukele, aunque no se reunió con funcionarios de su gobierno.
La exdiputada hace de la seguridad el eje central de sus propuestas, entre las que promete construir nuevas prisiones que recuerdan al ejemplo de la polémica megacárcel de máxima seguridad levantada en El Salvador para 40.000 personas.
“El presidente Bukele ha tenido el carácter, la firmeza y la determinación de la aplicación de la ley”, dijo a un medio local Ríos, quien asegura basar también su propuesta en el modelo colombiano que lideró el expresidente Álvaro Uribe por su ofensiva contra la guerrilla.
Por su parte, la candidata del partido autodefinido como socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, prometió también en una intervención en televisión local “implementar las mismas estrategias del presidente Bukele”, con quien avanzó que firmaría “convenios bilaterales” sin aportar más detalle.
Torres, quien fuera primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y que quedó a las puertas de la presidencia en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones, apuesta por “intervenir” y “militarizar” las cárceles.
“(Bukele) está dando buenos resultados”, elogió Torres, quien defiende también mejorar las tecnologías para seguridad y dotar de más presupuesto a la Policía Nacional Civil para atajar las extorsiones a la ciudadanía.
También Edmond Mulet, candidato del centrista partido Cabal, apuesta por estas dos últimas propuestas y en campaña destacó otras ideas que pueden recordar al modelo de El Salvador, como el control de las cárceles o la construcción de una prisión de máxima seguridad para pandilleros.
Sin embargo, el diplomático y exfuncionario de Naciones Unidas tomó distancia de la estrategia de Bukele al considerar que las condiciones en Guatemala no son las mismas que en el país vecino. “Son circunstancias diferentes”, le dijo a la agencia AFP.
Bukele "resolvió ese problema de alguna manera, pero está creando otros problemas a nivel de desinstitucionalización del país, de retroceso también en aspectos puramente democráticos", agregó.
Otra muestra de la popularidad en Guatemala de la política de “mano dura” de El Salvador es que Carlos Pineda –quien tenía la mayor intención de voto hasta quedar fuera de las elecciones a finales de mayo por supuestas irregularidades en la Asamblea que lo designó candidato– también mostró su admiración por Bukele y viajó al país vecino para conocer los cambios vividos tras el inicio de la “guerra contra las pandillas”.
Retos para su réplica en Guatemala
Pero expertos consultados por BBC Mundo descartan que la estrategia salvadoreña tan alabada por varios candidatos a presidente pudiera realmente replicarse en Guatemala.
“Han hecho un simple ‘copy-paste’ (copiar y pegar) de la estrategia de El Salvador sin considerar nuestras diferencias en materia de seguridad. Eso te dice mucho de la precariedad en el contenido de las propuestas acá: prefieren copiar las del presidente vecino y decir cualquier cosa a la ciudadanía, tenga viabilidad o no”, critica el analista guatemalteco Renzo Rosal.
Entre los factores que podrían dificultar aplicar el modelo de Bukele en terreno está el hecho de que Guatemala cuenta con una extensión territorial cinco veces mayor que la salvadoreña y con una población mucho más numerosa y diversa debido a sus más de 20 grupos étnicos.
“Si tenemos en cuenta que somos entre 18 y 20 millones de personas en una extensión mucho más grande, sería ilógico y difícil pensar que se iba a poder ‘acorralar’ a las pandillas aquí como en El Salvador (con algo más de 6 millones de habitantes)”, responde Stu Velasco, quien fuera subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Pero, más allá de estas características físicas y demográficas, también existen diferencias en el tipo de inseguridad y violencia que impacta a cada país.
Rozal destaca que, además de las pandillas, Guatemala vive un fortalecimiento de otras estructuras criminales como redes de narcotráfico y otras vinculadas a contrabando o trata de personas, que en El Salvador existen en menor proporción.
“Eso hace que el panorama en materia de seguridad sea aquí mucho más complejo. Las maras existen pero no actúan solas: lo hacen como tentáculos de otras expresiones más grandes, mejor armadas y con un control territorial increíblemente fuerte”, asegura el analista político.
Cárceles y derechos humanos
Rozal también muestra sus reservas respecto a la anunciada construcción de prisiones de máxima seguridad.
“En Guatemala ya se construyeron grandes cárceles en el pasado y acabaron siendo elefantes blancos que no sirvieron para nada porque a su alrededor hubo una corrupción terrible. Ese es otro fenómeno que El Salvador tiene, pero en menor cantidad: nuestros niveles de corrupción e impunidad”.
Velasco, por su parte, subraya que las prioridades en seguridad deberían ser crear una política criminal del Estado integral que fortalezca a la policía estatal civil, que tenga un ejército que garantice la seguridad en las fronteras, un Ministerio Público que agilice la persecución penal, un sistema de justicia que acelere los procesos penales y un sistema penitenciario transparente y con más infraestructuras y recursos económicos.
Asimismo, reclama que “la seguridad ciudadana de Guatemala es algo que ya no puede postergarse ni improvisarse, y que independientemente de quien llegue (a la presidencia), necesita abordarlo desde una perspectiva técnica y bajo el Estado de derecho. No hay otra solución”.
El consultor en seguridad no pasa por alto las múltiples críticas por vulneraciones de derechos humanos recibidas por el método Bukele. Por ello, se pregunta si una política que suma decenas de miles de detenidos en tan poco tiempo es realmente efectiva, teniendo en cuenta que se necesita de un sistema de justicia capaz de procesar a tanta gente y de mostrar de manera legal su vinculación real a las pandillas.
“¿Apostarle a esa política no es reconocer que hemos fracasado como Estado en realizar una política criminal integral de prevención del delito y que, por eso, nos vemos obligados a romper algunas reglas del Estado de Derecho para saciar la sed de justicia y venganza de la sociedad?”, se pregunta Velasco.
“Debemos apostar a no romper esas reglas para que, en cinco o diez años, no nos demos cuenta que hubo miles de detenidos o que murieron no sé cuántas personas inocentes, porque podríamos convertirnos en algo peor de lo que tratamos de combatir”, concluye.
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