Los pedidos de las naciones ricas para que las economías en desarrollo aceleren la transición energética para frenar el cambio climático han tropezado durante años con un mismo problema: la falta de dinero.
Cambiar de fuentes de energía contaminantes a limpias requiere de millones de dólares que estos países necesitan destinar para atender las necesidades de sus poblaciones a corto plazo, lo que limita la cantidad de recursos que pueden destinar a un problema como el calentamiento global que es grave, pero cuyas consecuencias más negativas tenderán a ser más apremiantes en el medio y largo plazo, cuando -según temen los científicos- ya el daño al planeta podría ser irreparable.
Sin embargo, una iniciativa puesta en marcha recientemente parece estar abriendo la puerta para que algunas economías en desarrollo cuenten con el dinero necesario para poder alejarse del uso de combustibles altamente contaminantes como el carbón y lo sustituyan por fuentes energéticas sostenibles. Se trata de los acuerdos de Asociación para una Transición Energética Justa (ATEJ).
Estos convenios han sido suscritos hasta la fecha por el llamado Grupo de Socios Internacionales -integrado por la Unión Europea y varios países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, Noruega y Dinamarca- y tres economías en desarrollo: Sudáfrica, Indonesia y Vietnam, las cuales se espera que reciban en conjunto unos US$44.000 millones durante un plazo de tres a cinco años como estímulo para que adelanten la transición energética.
Pero ¿en qué consisten y de dónde surgen estos convenios?
Financiando la transición energética
El primer país es suscribir un acuerdo ATEJ fue Sudáfrica, el 2 de noviembre de 2021, en el marco de la Conferencia Internacional contra el Cambio Climático COP26, realizada en Glasgow. Un año más tarde, se firmó el acuerdo con Indonesia, durante la cumbre del G20 en Bali.
Vietnam, por su parte, firmó el pasado 14 de diciembre, durante la cumbre entre la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Sudáfrica recibirá fondos por US$8.500 millones: Indonesia, unos US$20.000 millones; y Vietnam, unos US$15.000 millones.
Estos convenios se basan en el reconocimiento de la necesidad de acelerar el paso para hacer realidad los objetivos fijados por la ONU en cuanto al cambio climático con miras a evitar la materialización de sus peores consecuencias.
Para ello haría falta reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr la meta de emisiones cero para 2050, según se señala en las declaraciones políticas que acompañan estos convenios.
En términos prácticos, estos tres acuerdos apuntan a ayudar a acelerar la descarbonización de las economías de estos países y, en especial, a poner límite y reducir el uso del carbón como fuente energética para la generación de electricidad.
En todos los casos, los fondos puestos a disposición de los países proceden tanto de fuentes públicas como privadas y son facilitados a través de diversos mecanismos como préstamos en condiciones favorables, préstamos a tipo de mercado, subvenciones, inversiones privadas, entre otros.
En todos los convenios se prevé la participación del sector privado, que en el caso de Indonesia y de Vietnam se espera que provea la mitad de los fondos.
En esos dos convenios se menciona la participación de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ, por sus siglas en inglés), una coalición de instituciones financieras que se formó durante la COP26 con miras a contribuir con la descarbonización de la economía.
Entre sus miembros hay grandes bancos como Bank of America, HSBC, Deutsche Bank, Citi, Mizuho Financial Group, Shinhan Financial Group, SMBC Group, Prudential PLC, Macquarie Group y Standard Chartered, entre otros.
En el caso del acuerdo con Vietnam, además, se indica que la aportación del sector privada estará coordinada por el GFANZ.
También se prevé la participación de organismos multilaterales como el Banco Mundial.
Paradójicamente, aunque los montos previstos para apoyar la transición energética en estos países pueden parecer elevados, es probable que en realidad se queden cortos.
De acuerdo con el Plan de Inversiones para una Transición Energética presentado en noviembre pasado por Sudáfrica, ese país requerirá fondos por unos US$98.700 millones para descarbonizar su economía entre 2023 y 2027.
Otra limitación de esta iniciativa es que, aparentemente, solamente contemplan el otorgamiento de una parte muy pequeña de fondos en forma de subvenciones.
Al menos en el caso de Sudáfrica solamente el 4% del paquete financiero total está conformado por subvenciones, mientras que los recursos restantes proceden de préstamos soberanos o multilaterales, según informó el diario Financial Times.
Eso llevó en noviembre de 2022 al gobierno del presidente Cyril Ramaphosa a alertar que la estructura del paquete dependía demasiado de préstamos que pasarán a engrosar la deuda externa del país.
En cualquier caso, cabe destacar que lo previsto en el ATEJ tiene unos fines específicos y que serviría más como un primer impulso financiero.
Según señala un informe del Atlantic Council, un think tank con sede en Washington, "si bien el ATEJ implica una contribución financiera significativa para los objetivos climáticos de Sudáfrica, su beneficio real radica en las reformas transformadoras del sector energético que el gobierno debe promulgar para ampliar su financiación".
Restando carbón a la ecuación energética
Y es que estos acuerdos están claramente orientados hacia la reducción del consumo de carbón en estos países, especialmente de su uso en la generación de electricidad.
"Estas asociaciones son una herramienta crucial para desbloquear las reducciones de emisiones que el mundo precisa en la década de 2020. Necesitamos todas las fuerzas para llevar a cabo una transición energética que sea mundial, sostenible, justa, inclusiva y equitativa", señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.
Sudáfrica ocupa la posición 14 en la lista de países quen emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero y esto está directamente relacionado con el hecho de que depende del uso del carbón para generar 77% de su electricidad, de acuerdo con The Economist.
Se espera que el ATEJ evite que Sudáfrica emita entre 1 y 1,5 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos 20 años.
Indonesia, por su parte, es el noveno país en emisión total de gases de efecto invernadero y también tiene una importante dependencia del carbón, combustible del que procede un 66% de su electricidad, según datos del anuario estadístico de BP citados por Reuters.
En su caso, el ATEJ contempla que las emisiones de su sector energético para 2030 no superen un tope de 290 millones de toneladas de CO2 -lo que implica una reducción de metas anteriores que fijaban ese máximo en 357 millones de toneladas de CO2- y que a partir de allí sigan descendiendo hasta lograr el objetivo de emisiones cero para 2050.
Además, se fijó el objetivo de que para el año 2030 un 34% de su electricidad proceda de fuentes renovables. Un incremento notable desde la cifra actual de apenas 6%.
Vietnam no aparece en la lista de los 10 países que más emiten gases de efecto invernadero, pero ha aumentado mucho su consumo de carbón en los últimos años al punto que este se ha convertido en la fuente de más del 50% de su electricidad.
En el convenio ATEJ que suscribió se establece una reducción de 30% en el tope previsto para el incremento de las emisiones de su sector energético -de 240 millones de toneladas métricas de CO2 a 170 millones- y que deberá ocurrir en 2030, en lugar de en 2035.
También deberá reducir su capacidad de consumo de carbón a 30,2 gigavatios desde la medida prevista hasta ahora de 37 gigavatios; al mismo tiempo que deberá incrementar el uso de energías renovables para que en 2030 representen el 47% de su producción eléctrica y no el 36% como estaba previsto anteriormente.
Los expertos consideran que Vietnam tiene un importante potencial para producción de energía eólica, gracias a que dispone de más de 3.000 kilómetros de costa marítima.
Si cumple con estos objetivos, se estima que para 2035 se habrán ahorrado unos 500 megatones (500 millones de toneladas) de emisiones.
La reducción del consumo de carbón es un elemento central en el combate al calentamiento global debido a que se trata de la principal fuente de emisiones de CO2 en el mundo, de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía.
No sorprende, entonces, que los acuerdos ATEJ hasta ahora se hayan concretado con tres países con alto consumo de este combustible y que, según se ha anunciado, haya negociaciones en marcha para cerrar acuerdos de este tipo con India, el tercer país que emite más gases de efecto invernadero en el mundo, solo detrás de China y Estados Unidos, y que obtiene 74% de su electricidad a partir del carbón.