Rodolfo Yanzón, abogado de Galvarino Apablaza, presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de "frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición" hacia Chile en contra del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado de ser el auto material del crimen de Jaime Guzmán.
De acuerdo al recurso judicial, en las acciones tomadas tanto por Argentina como Chile en contra de Apablaza lo "criminalizan (condenan) de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso".
Específicamente, Yanzón presentó el recurso ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas para su "inmediata intervención" en el caso.
El abogado pidió de manera "imperativa otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso".
Para la defensa del otrora frentista, "el riesgo de daño irreparable configurado, no sólo por las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado dadas por la expectativa de prisión de por vida, sino también por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud, solicitamos que de manera cautelar se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles".
"Cacería en su contra"
El equipo que defiende al otrora guerrillero pidió paralizar el proceso "hasta tanto se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen, conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura".
Para el equipo de Apablaza, su imagen ha sido objetivo de una persecución sin fundamentos.
"Sin pruebas, en su país de origen lo acusan de asesinato y secuestro, lo que ha desatado una cacería en su contra desde hace 35 años y motivó que en 2005 el juez federal Claudio Bonadío rechazara un pedido de extradición en su contra y en 2010 fuera reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR", añadieron.
Asimismo, su defensa enfatizó que la revocación de su estado de refugiado "no está firme, ya que se ha presentado un recurso de queja para que sea la Corte Suprema la que analice la procedencia del recurso extraordinario federal y, por lo tanto, las cuestiones de derecho planteadas por Apablaza".
El escrito menciona también el caso de Ricardo Palma Salamanca, otro de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez apuntado, quien "fue reconocido como refugiado político en Francia en los términos de la Convención Internacional de Refugiados, entre otros motivos porque fue torturado al momento de ser detenido en 1991 y su declaración extrajudicial extraída en tales circunstancias fue tomada como elemento de cargo contra otros militantes".
