El Parlamento de Ghana aprobó por segunda vez el denominado Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025, una iniciativa que endurece las sanciones contra la comunidad LGBTQ+.
La normativa establece penas de hasta tres años de prisión para personas que mantengan relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. Además, castiga con entre tres y cinco años de cárcel a quienes financien, promuevan o patrocinen actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género.
Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la obligación de denunciar ante la policía o las autoridades cualquier acto considerado ilegal bajo esta legislación.
La iniciativa ya había sido aprobada en 2024 durante el gobierno del expresidente Nana Akufo-Addo. Sin embargo, enfrentó recursos judiciales y nunca fue promulgada.
En esta nueva versión, los legisladores incorporaron algunas modificaciones que excluyen de sanciones a determinados profesionales. Entre ellos se encuentran periodistas y medios de comunicación que informen sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ+, abogados que brinden representación legal y profesionales de la salud que entreguen atención médica o psicológica a estas personas.
Pese a esos cambios, la aprobación del proyecto provocó críticas desde sectores de la oposición, que argumentaron que las enmiendas evidencian que el texto original presentaba deficiencias.
