Trece funcionarios extranjeros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta el domingo para salir de Venezuela, tras una orden, sin precedentes, del Gobierno.
La medida anuncia incluye la suspensión de las actividades de la oficina del organismo en Caracas.
En concreto, el Ejecutivo solicitó que "el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", y revisará en 30 días "los términos de cooperación" con esta organización.
La decisión fue ampliamente rechazada por ONGs, activistas y políticos de la oposición, y respaldada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.
Intentos de magnicidio, golpes de Estado y conspiraciones
El canciller Yván Gil explicó que la decisión responde al "impropio papel que esta institución ha desarrollado", actuando con parcialidad y como el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
Esta oficina, con sede en Ginebra (Suiza) y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, había manifestado el martes en X su "profunda preocupación" por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada por la Fiscalía de su supuesta vinculación a un plan terrorista para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y pidió su "liberación inmediata".
A juicio del Gobierno, la oficina ha mantenido, desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, una "postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución".
Sin embargo, reiteró la "voluntad (del Ejecutivo) de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino".
Por su parte, la oficina de la ONU lamentó su suspensión en Caracas y evalúa los "pasos a seguir".