El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una directiva secreta que autoriza al Ejército estadounidense a actuar directamente contra cárteles de la droga extranjeros, incluyendo operaciones en territorio de otros países, según una investigación publicada por The New York Times. La medida representa un giro inédito en la política antidrogas al militarizar formalmente la lucha contra el narcotráfico transnacional.
De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario, la orden establece una base oficial para desplegar fuerzas armadas contra determinados grupos narcotraficantes latinoamericanos previamente designados como organizaciones terroristas por la Administración Trump. La decisión se enmarca en los esfuerzos por frenar el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense, considerado por la Casa Blanca como una amenaza nacional prioritaria.
Intervención militar contra el narcotráfico
La implementación de esta política plantea múltiples interrogantes legales y diplomáticos. Aunque la Constitución estadounidense otorga al Congreso la potestad de autorizar el uso de la fuerza militar en el extranjero, la naturaleza policial de estas operaciones —como la desarticulación de cárteles o la captura de sus integrantes— no encaja claramente en los supuestos tradicionales de intervención bélica.
Hasta el momento, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia han emitido pronunciamientos públicos sobre la legalidad de dicha directiva, de acuerdo a New York Times.
Breaking News: President Trump has secretly signed a directive to the Pentagon to begin using military force against certain Latin American drug cartels. https://t.co/PdVkd0b4sb
— The New York Times (@nytimes) August 8, 2025
Vínculos con Venezuela y el cartel de Sinaloa
La Administración Trump ha mostrado una postura dura hacia gobiernos latinoamericanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Entre ellos, destaca el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro, por cuya captura el Gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 50 millones de dólares, al considerarlo asociado con el cartel de Sinaloa y calificarlo como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Paralelamente, la agencia Reuters reveló que el FBI ha solicitado a cuerpos de policía locales que reporten los nombres de personas con posibles vínculos con ocho grupos criminales internacionales designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta información sería utilizada para incluir a los sospechosos, y posiblemente a sus familiares o allegados, en la lista de vigilancia terrorista instaurada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La solicitud, enviada el 9 de mayo mediante un correo electrónico dirigido a fuerzas de seguridad y organizaciones como la Asociación Nacional de Sheriffs, fue divulgada por la ONG Property of the People, defensora de la transparencia gubernamental.
Un precedente en la política antidrogas
No sería la primera vez que la Administración Trump recurre a las fuerzas armadas en su cruzada antidrogas. Durante su mandato, ya desplegó tropas y efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para interceptar el ingreso de drogas y migrantes, al tiempo que aumentó las labores de vigilancia y decomiso.
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