Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales criticaron la investigación del asesinato de la prestigiosa activista ambiental, Berta Cáceres, en Honduras y pidieron la actuación de expertos extranjeros para garantizar la independencia del caso.
Cinco días después del homicidio, la policía todavía no ha presentado ninguna hipótesis oficial y aún contempla la posibilidad del crimen común pese a la indignación de su familia y amigos, quienes creen que su asesinato está relacionado con su oposición a emblemáticos proyectos hidroeléctricos y mineros.
"Amnistía Internacional requiere que esta investigación sea acompañada por expertos forenses independientes y por una comisión internacional que garantice la imparcialidad", dijo Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional Américas (AI), en conferencia prensa con otras ONG locales.
El caso desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional, que reconoció a Cáceres con el premio ecologista Goldman en 2015 por su lucha para detener la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indígenas de la etnia Lenca.
"No confiamos en las investigaciones que realice el Gobierno y sus cuerpos de seguridad. Son los funcionarios que otorgaron las concesiones para la construcción de la represa contra la que luchaba mi mamá", dijo Olivia Zúñiga, hija de Cáceres.
La policía liberó a un ex compañero sentimental y de trabajo de Cáceres, quien era el único detenido después de que el jueves pasado dos desconocidos irrumpieran en el domicilio de Cáceres y le dispararan en varias ocasiones, dijo a Reuters una fuente policial que pidió el anonimato debido a que no tenía autorización para hacer declaraciones.
"Sabemos que la justicia de este país está cobijada por la corrupción y está vendida al sistema", denunció Asunción Martínez, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que lideraba Cáceres y que pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También fueron interrogados un guardia de seguridad del condominio donde vivía Cáceres y el activista mexicano Gustavo Castro, quien fue testigo y resultó herido en el atentado.
Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar en reiteradas ocasiones amenazas de muerte contra ella y su familia. Sin embargo, en el momento de su muerte no tenía protección oficial.
Fuente y foto: Reuters