La denominada Ley Anticorrupción impulsada por el Gobierno de Mario Monti fue aprobada este miércoles por la Cámara de los Diputados de Italia, por lo que se desprende que políticos condenados en sentencia firme no podrán sentarse en el Parlamento.

La Cámara baja aprobó la ley por 480 votos a favor, 19 en contra y 25 abstenciones, luego de un extenso recorrido en que algunas modificaciones obligaron a nuevas lecturas del proyecto de ley.

60.000 millones de euros al año costaba la corrupción para las arcas del Estado, según las últimas cifras entregadas por el Tribunal de Cuentas; razón por la cual el Gobierno de Monti impulsó la ley recién aprobada.

El ministro de Administraciones Públicas y Simplificaciones, Filippo Patroni Griffi, elaboró el informe "La Corrupción en Italia. Por una Política de Prevención", el cual avala los anteriores datos y además manifiesta que la imagen de país corrupto "socava la confianza de los mercados y las empresas y supone una gran pérdida de competitividad para el país".

La nueva ley integra nuevos mecanismos para prevenir la corrupción, categoriza nuevos delitos y también revisa las penas dispuestas para las acciones que perjudiquen la administración pública.

Con la puesta en vigencia de esta ley, no podrán sentarse en el Parlamento o asambleas regiones quienes hayan recibido condenas de más de tres años y tampoco podrán conformar los consejos de administración de organismos públicos aquellos que tengan condenas por delitos graves como mafia, concusión, malversación y corrupción, entre otros.

Hasta el momento hay 100 parlamentarios sometidos a investigación por estas causas, según un programa emitido por la televisión pública RAI hace unas semanas atrás.

De cara a las próximas elecciones que podrían realizarse en abril o mayo de 2013, la ministra de Justicia, Paola Severino, se ha propuesto lograr la aprobación de un decreto de ley para que sea válida desde ya.

La entidad surgida con esta nueva ley fue una Autoridad Nacional Anticorrupción en la Administración Pública, cuya función será velar por el respeto de las reglas en torno a la transparencias de las actividades administrativas.

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