La oposición venezolana debatirá este martes en el Parlamento -donde es mayoría- un decreto de estado de excepción con el que el presidente Nicolás Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
La Asamblea tratará el decreto, como ordena la ley, aunque se da por descontado que lo rechazará, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del gobierno.
El Legislativo ya había rechazado un decreto de emergencia económica dictado por Maduro en enero, pero el TSJ lo dejó en firme señalando que el control parlamentario no afecta la integridad de la medida.
El pasado viernes Maduro renovó por segunda ocasión dicho decreto y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental.
"Es una habilitación ilimitada a favor del presidente, cuyo poder se concentra e incrementa", dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre las justificaciones, el texto publicado el lunes indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" e impulsa la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales "financiados desde el exterior" para generar "problemas de orden público" que "justifiquen una intervención de poderes extranjeros".