La detención de un exalcalde mexicano y su esposa, presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre, ha hecho crecer las esperanzas de que los jóvenes sean finalmente encontrados, un clamor nacional que se volverá a gritar en nuevas manifestaciones este miércoles.
Miles de integrantes de las fuerzas de seguridad, equipadas con drones y lanchas, llevan semanas peinando pueblos, montañas y ríos de la región de Guerrero en una frenética búsqueda de estos jóvenes que estudiaban para maestro en la empobrecida comunidad de Ayotzinapa.
Las autoridades perdieron su rastro la violenta noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala (Guerrero), cuando fueron víctimas de unos ataques a tiros de policías locales aliados de un cártel narcotraficante, que dejaron también seis muertos.
Desde entonces ha sido encontrada una decena de fosas clandestinas con al menos 38 cadáveres, recrudeciendo los temores de un trágico final para un enigmático caso que ha escandalizado a la comunidad internacional y colocado al presidente Enrique Peña Nieto en la mayor crisis de su mandato, que comenzó en 2012.
Los primeros peritajes descartaron que entre al menos 28 de esos cadáveres hubieran estudiantes, pero la fiscalía ha puntualizado que aún falta el dictamen de un grupo independiente de forenses argentinos.
A pesar de estos macabros descubrimientos, los padres de los desaparecidos y algunos altos funcionarios albergan esperanzas de encontrarlos con vida.
El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, incluso ha mencionado sospechas de que sus posibles captores los hayan dividido y movido de escondites para eludir el cerco.
El propio Peña Nieto manifestó que la captura el martes de José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y luego fue revocado, junto a su esposa lleve al esclarecimiento del caso.
Después de más de un mes a la fuga, Abarca y su mujer, María de los Ángeles Pineda, fueron localizados en una casa abandonada de un populoso e inseguro barrio de Ciudad de México.
La pareja es acusada de haber ordenado el ataque de sus policías contra los estudiantes, que se habían apoderado de autobuses para volver a su escuela de la cercana Ayotzinapa; pensaban que los jóvenes iban a sabotear un evento público encabezado por Pineda, de quien se conocían las intenciones de relevar en 2015 a su esposo como alcalde de Iguala, a 200 km de Ciudad de México.