Donald Trump removió este lunes del cargo a la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, quien había ordenado a su equipo a no defender el polémico decreto del presidente que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
Yates había detonado una verdadera crisis institucional al enviar una carta a su equipo con serias dudas sobre la legalidad y la moralidad del decreto firmado por Trump el viernes.
"No estoy convencida de que el decreto sea legal", escribió Yates en el mensaje a sus subordinados, en un abierto desafío al presidente.
Yates conducía los destinos del Departamento de Justicia desde la renuncia la ex secretaria Loretta Lynch, y debeía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme la nominación del legislador Jeff Sessions para encabezar la cartera.
Al fin de la jornada, la Casa Blanca anunció el despido sumario de Yates y el nombramiento del Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo interinamente hasta la confirmación de Sessions.
En una nota oficial de tono inusualmente agresivo, la Casa Blanca afirmó que Yates "traicionó el departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".
En una frase que recuerda la retórica personal del presidente, la nota apuntó que Yates "fue nominada por el gobierno de Obama, y es débil sobre fronteras y muy débil sobre inmigración ilegal".
El abierto desafío lanzado por Yates y su despido constituye el último capítulo de la espectacular polémica abierta por el decreto promulgado por Trump el viernes, y que ya el fin de semana se convirtió en un controversia de alcance global.
Este lunes, Trump intentó retomar la iniciativa, y fiel a su estilo lo hizo a través de Twitter.
De acuerdo con Trump, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, "dijo que todo está bien y con muy pocos problemas. ¡Hagamos que ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO DE NUEVO!".
En otro mensaje, señaló que la implementación de controles más estrictos para permitir la entrada a refugiados "fue parte importante de mi campaña. ¡Estudien el mundo!". "¡Hay muchos tipos malos por todos lados!", advirtió.
El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En el Congreso, la nominación de Session (partidario de aplicar 'mano dura' contra inmigrantes ilegales) deberá ser votada el martes en la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.
Pero influyentes legisladores del propio partido de Trump, el Republicano, ya expresaron su frontal rechazo al decreto y la forma en que la Casa Blanca trató la cuestión.
En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, Fiscales Generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida de Trump.
Abrir otro frente
En ese ambiente en carne viva, Trump decidió adelantar para este martes el anuncio de su nominado para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia.
Originalmente ese anuncio estaba previsto para el jueves.
La máxima instancia judicial del país está bloqueada desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero del año pasado. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.
El expresidente demócrata Barack Obama propuso como sustituto al juez Merrick Garland, pero el Senado, controlado enteramente por el conservador partido Republicano, se negó a realizar audiencias de confirmación del cargo en un año electoral.
La Corte Suprema es la en última instancia interpreta la Constitución y debe tomar decisiones respecto a temas muy sensibles sobre los que pesa la ideología, como el aborto, el matrimonio homosexual y la posesión de armas.
En una entrevista divulgada el viernes, Trump adelantó que trabajaba con una lista de 20 posibles candidatos para cubrir la vacante en la Suprema Corte, y que los evangélicos estadounidenses quedarán "encantados" con el nombre que propondrá.
Como los jueces de la Suprema Corte ejercen su cargo en forma vitalicia, Trump podrá de esa forma definir la tendencia del máximo tribunal estadounidense por décadas.
Rechazo generalizado
La polémica sobre el decreto antimigratorio dejó a Trump en el centro de una espectacular tormenta de rechazo a la nueva política.
El senador John McCain, peso pesado del partido Republicano y ex candidato presidencial, dijo el domingo que el decreto y la nueva política estadounidense para refugiados era simplemente equivocada.
En el famoso Silicon Valley, cuna de las empresas de tecnología, los responsables de gigantes como Apple, Microsoft, Google, Facebook, Airbnb y Netflix coincidieron en que bloquear el ingreso al país a refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes es "contrario a los valores estadounidenses".
Lloyd Blankfein, director ejecutivo del gigante Goldman Sachs, también marcó distancia y envió un mensaje de voz a los funcionarios del banco: "esta no es una política que apoyamos y además ya es cuestionada en tribunales federales".
Hasta el ex presidente Obama rompió el silencio este lunes: apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis.
Obama "tiene una divergencia fundamental con la idea de discriminación contra personas a raíz de su fe o su religión", tuteó Lewis.
En tanto, el portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, confirmó que un número aún no confirmado de diplomáticos estadounidenses prepara una nota interna de disenso a la nueva política migratoria.
En respuesta, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, advirtió este lunes a esos diplomáticos que "deben seguir el programa o irse".