Venezuela ha abandonado, hasta nuevo aviso, el sistema interamericano de justicia. Este martes 10 de septiembre se hizo efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos anunciada hace un año por el entonces presidente Hugo Chávez. Esto implica que, a partir de ahora, la Corte Interamericana de DDHH perderá su jurisdicción sobre Caracas y con ello, las víctimas venezolanas perderán también la posibilidad de encontrar en instancias internacionales la justicia que les ha sido negada en los tribunales locales.
El Estado venezolano se va, además, en deuda pues queda aún pendiente el cumplimiento total de las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparación, el pago de unos 9.700 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.
El desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos comenzó hace tres años, cuando la CIDH presentó un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en Venezuela. Esto enfureció al entonces Presidente de Venezuela que respondió que la CIDH “es una mafia (...) Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”, indicó Hugo Chávez el 25 de febrero de 2010 y ordenó a su Cancillería preparar la retirada.
Caracas formalizó la denuncia el 9 de septiembre de 2012 y el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, la ratificó asegurando que “la Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron [sic]. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, aseguró este lunes, en la víspera de la despedida.
Aún a pesar de la denuncia de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendrá intactas sus funciones sobre Venezuela. Podrá emitir informes, recibir casos, realizar audiencias y hacer recomendaciones; y solo los hechos ocurridos hasta la vigencia de la Convención –hasta el 10 de septiembre de 2013– podrán ser presentados ante la Corte. Pero en el caso de que el Gobierno de Caracas decidiera concretar todas sus amenazas y abandonar también la Comisión, ya no habría vuelta atrás, pues esto también significaría su retiro de la OEA.