El gobierno argentino se ve enfrentado a una nueva polémica, esta vez, por parte de su Vicepresidente, Amado Boudou, quien fue imputado por los cargos de enriquecimiento ilícito y abuso de cargo público.
Boudou es acusado de aumentar su patrimonio en un 60% durante 2010, precisamente el año en que adquirió la imprenta Ciccone.
La orden de investigar a Boudou se inició en diciembre de 2013, por orden fiscal Jorge Di Lello, quien lo acusa de "negociaciones incompatibles" con su rol público, especialmente por la relación del vicepresidente con el caso de la imprenta de billetes Ciccone, a la cual Boudou levantó de la quiebra tras solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un otorgamiento de moratoria especial.
Di Lello también ha solicitado investigar a Nicolás Ciccone, dueño de la empresa rescatada de la quiebra, y a Alejandro Vanderbroele, expresidente de la firma The Old Fund, la cual consiguió los fondos con los que adquirió parte de las acciones de Ciccone.
Según consigna Infobae.com, el fiscal solicitó que la situación judicial de Boudou sea resuelta en un plazo razonable y ante la indagatoria pueda defenderse en Tribunales.
Por su parte, la oposición mantiene su postura de solicitar la renuncia de Boudou. El diario LaNacion.com publicó las declaraciones del diputado del Partido Justicialista, Felipe Solá: "si es procesado, debe renunciar", expresó.
En tanto, la diputada macrista, Patricia Bullrich, solicitó abiertamente al Congreso motorice un juicio político contra Boudou. "La indagatoria a Boudou merece el inmediato comienzo del juicio político. Si Cristina Kirchner no lo hace en febrero, lo haremos en marzo", expresó a través de su cuenta de Twitter.
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