© TVN Red O'Higgins Administrador apostólico de Puerto Montt denuncia a dos sacerdotes por hacer préstamos y gestionar recetas de psicotrópicos

Administrador apostólico de Puerto Montt denuncia a dos sacerdotes por hacer préstamos y gestionar recetas de psicotrópicos

Uno de los denunciados, un exexvicario ecónomo, se encuentra suspendido de su cargo desde septiembre, debido a denuncias por presuntos abusos sexuales.

24Horas.cl Tvn
21.11.2018

En la Fiscalía de Rancagua declaró el administrador apostólico de Puerto Montt, fray Ricardo Morales, quien denunció a dos sacerdotes por realizar autocontratos para justificar sueldos extras, actuar como prestamistas y sacar de manera irregular psicotrópicos de uno de los Centro de Salud Familiar (Cesfam)

Según consignó La Segunda, las acusaciones apuntan al exvicario general del Arzobispado de Puerto Montt, Tulio Soto Manquemilla y al exvicario ecónomo de la misma arquidiócesis Darío Nicolás, religiosos que durante los últimos trece años ocuparon cargos relevantes en dicha arquidiócesis.

Las denuncias tienen relación con la presunta apropiación indebida de dineros del Arzobispado, que se presentó el 12 de octubre luego que el administrador apostólico comprobara "un gran desorden administrativo, financiero y contable en la gestión económica de la arquidiócesis".Por esta razón, Morales encargó una auditoría externa en septiembre, la que arrojó "diversas situaciones que, a mi juicio y de los auditores, resultan irregulares y constitutivas de delitos".

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Dentro de estas supuestas irregularidades, Soto habría utilizado dineros "para fines personales, no rindiendo cuenta de ello", cuyos montos que habría utilizado para hacer préstamos a terceras personas, una de las cuales decidió denunciar esto al administrador apostólico, pero no a la Fiscalía por temor a las redes de protección del exvicario general.

La denuncia establece que luego de hacer los préstamos, Soto protocolizaba en Notaría un reconocimiento de deuda con el fin de asegurar su pago. En uno de los casos, el representante de una empresa gastronómica asume que "debe y pagará" $90 millones "que adeuda por concepto de mutuo de dinero entre particulares", acordando el pago en tres mensualidades a una cuenta corriente de la Parroquia de Fátima de Puerto Montt.

Sumado a ello, la segunda denuncia acusa a Soto y al exvicario ecónomo Darío Nicolás, de fraude al Fisco, por el uso irregular de dineros del Cesfam San Pablo Mirasol, dependiente del Arzobispado, pero financiado con dineros transferidos por el Servicio de Salud de Reloncaví.

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Pese a que nunca los dos sacerdotes trabajaron allí, habrían aparecido como trabajadores y recibido mensualmente remuneraciones, por lo que se contrataron mutuamente, estableciendo que "la jornada de trabajo será libre" y que el "el tiempo extraordinario se pagará con recargo legal".

La acusación de Morales indica que Soto habría recibido dineros del Cesfam "de aquellas partidas que se reciben adicionalmente, de acuerdo al número de beneficiarios (per cápita), que se encuentran registrados en ese Centro de Salud Familiar", lo que se facilitó "con la nula auditoría y fiscalización que ha obviado el Servicio de Salud Reloncaví en los últimos tres años".

En tanto, Nicolás también habría otorgado créditos de manera irregular a trabajadores, comprándose un vehículo -a nombre del Cesfam- pero para uso personal. Además, arrendó una oficina a un cirujano dental por cerca de $1 millón mensual, lo que habría sido dirigido para su patrimonio personal. Asimismo, habría gestionado a nombre de trabajadores del mismo Cesfam recetas de psicotrópicos, para que no aparecieran retirados por él.

"Estos psicotrópico los retira materialmente el sacerdote Darío Nicolás, quien se los lleva al extranjero, y, además, a las reuniones y viajes que organiza con la agrupación de jóvenes que él formó y dirige (y que está) relacionada con la Parroquia San Pablo", indica el texto al que accedió el periódico.

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En esa línea, el administrador apostólico, citando a un testigo, expone que el religioso derivaba niños y adolescentes a un psicólogo para que "confirmara si eran o no homosexuales. Eso sí, con la condición de que los atendiera después del horario de cierre del Cesfam. El psicólogo le debía rendir cuenta de los resultados al sacerdote Darío Nicolás".

Además, Nicolás se encuentra suspendido de su cargo desde septiembre, debido a denuncias por presuntos abusos sexuales.

Finalmente, la Fiscalía optó por incluir al administrador apostólico en el programa de protección de testigos.


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