La Municipalidad de Ñuñoa se refirió a través de un comunicado de prensa a la situación del edificio Botero habitado por 38 familias.

El alcalde de la comuna, Andrés Zarhi, instruyó un "sumario administrativo con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa que pueda afectar a algún funcionario por los hechos objetados por la Contraloría", que pretendería esclarecer las anomalías legales del inmueble y atribuir las facultades a quien corresponde para determinar la resolución del caso.

La Dirección de Obras (DOM) ha llevado a cabo reuniones con los arquitectos revisores, que son los encargados de verificar los permisos de edificación y que deben estar al tanto de estas observaciones para hacer correcciones y eventuales adecuaciones. Además no se descarta la demolición.

Cabe recordar que las obras ya fueron aprobadas y que no cumplirían con las normas urbanísticas, por lo que, de acuerdo al artículo 53 de la ley Nº19.880, se pueden invalidar los actos administrativos que no se ajusten o que tengan alguna irregularidad, que sería el caso del inmueble.

De esta forma, el municipio aclara que quien tiene la facultad de poder invalidar un permiso de edificación es el director de Obras, porque fue él quien lo otorgó.

El directivo aludido por la Contraloría no puede ni siquiera recibir instrucciones del alcalde, pues depende técnicamente de la Seremi de Vivienda, señala el informe.

Sobre la arista de los cobros indebidos, en el texto se sostiene que estos están disponibles en las arcas municipales y que el error está en otro ítem presupuestario.

Finalmente, se informa que el alcalde Zarhi decidió en agosto pasado alejar de su cargo al director de Obras Municipales, Carlos Frías, para poner en el cargo al subdirector Patricio Reyes.