Durante la jornada de este viernes,la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco que habrían ocurrido durante la gestión de su predecesor, Andrés Zarhi.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la denuncia estaría relacionada con el pago de millonarias indemnizaciones para ex directivos de la Corporación de Desarrollo Social y también de la Corporación Cultural, con montos totales que ascenderían a unos $500 millones de pesos.
En conversación con Canal 24 Horas, Ríos indicó que "la mayor parte de ellas terminaron su vínculo laboral antes de que nosotros pudiéramos asumir".
Según explicó, esto fue un "proceso", donde "nos dimos cuenta que los contratos de los directivos tenían estas cláusulas que se habían incorporado el año pasado, de indemnizaciones a todo evento, sin tope legal. Tratamos de hacer gestiones para que no se cobraran estas indemnizaciones, y luego nos dimos cuenta que efectivamente se habían pagado, no cobrando nominalmente esta indemnización a todo evento, pero sí dejando observaciones en el finiquito y cobrando vacaciones, al parecer, y por eso hacemos una denuncia".
Según detalló la alcaldesa, "estas indemnizaciones se habrían firmado sin la autorización del directorio. Esto significa que no se aprovisionaron los fondos para pagarlas, y por lo tanto, los dineros con los que se pagaron estas indemnizaciones iniciales, que nosotros pensamos que van a querer agrandar a través de la vía judicial, se pagaron no con dineros para esos fines, sino que con fondos que se deben destinar para la salud y educación de la comuna. Entonces ahí podríamos estar en presencia de una malversación de fondos públicos".
Junto con ello, la jefa comunal señaló que "nosotros nos comunicamos por dos vías (con la administración anterior) antes de asumir. Hicimos un ingreso formal de un escrito planteándole los argumentos jurídicos por los cuales nosotros creíamos que era relevante que el (Zarhi) hiciera todo lo posible para que estas indemnizaciones no se materializaran. Además sostuvimos distintas reuniones y conversaciones, donde la verdad el compromiso fue un poco tibio y hoy en día nos encontramos con estas consecuencias".
"A nosotros nos interesa que la Fiscalía tome la denuncia, comience a investigar. Nosotros creemos que este caso puede ser muy ejemplificador. Lo que se viene es, efectivamente, la investigación. Hay aspectos en los cuales nosotros hemos podido avanzar, pero hay otros para los que no tenemos las competencias ni las atribuciones para poder plantear, fehacientemente y sin ninguna duda, los cargos que de los cuales estamos siendo testigos", agregó Ríos.
Del mismo modo, Ríos indicó que "nos interesa que esto se investigue porque estamos hablando de un gobierno corporativo que, en el fondo, se distorsionó de tal manera, que empezó a operar en contra de los mismos intereses de la corporación y del directorio, y por lo tanto, son vías distintas que nosotros estimamos que efectivamente tienen asidero".
Al ser consultada por sus declaraciones con el diario La Tercera, en donde la alcaldesa afirmó que esta situación "es la punta del iceberg", explicó que "las corporaciones se administran a través de un directorio y un secretario o secretaria general, que es como una especie de gerente general de la corporación, y en estos meses nos hemos ido encontrando con varias señales, como por ejemplo, la falta de auditorías actualizadas año a año, que son requerimientos legales que se les imponen a las corporaciones con más de cierto presupuesto hacia arriba".
Asimismo Ríos indicó que "tenemos algunas deudas acumuladas con proveedores, y otras cosas que nos hacen pensar que, al menos la administración, desde la secretaría general, no fue lo transparente y con los intereses de los vecinos y vecinas, que es lo que correspondía".
"Nosotros no tenemos ningún problema con las indemnizaciones que están establecidas en la ley, y que corren para todo trabajador en el Código del Trabajo. Esas son las indemnizaciones que nosotros estábamos dispuestos a dar y que correspondían. El tema es que se establecieron estas otras indemnizaciones que representaban entre seis y ocho sueldos promedio para personas que tenían además dos años trabajando, entonces la verdad es que a todas luces es desproporcionado llevarse 60 o 70 millones de pesos para personas que estuvieron aquí dos años trabajando. No parece de ninguna manera justificable", sentenció.