"Nadie está por sobre la ley".
De esta manera se refirió el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, al ser consultado por la demanda realizada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) a los ejecutivos chilenos ligados al grupo Consorcio, Juan Bilbao y Tomás Hurtado.
Recordemos que tanto Bilbao como Hurtado presentaron sus renuncias "irrevocables" a todos sus cargos directivos para dedicarse por completo a sus defensas, según señalaron en una declaración pública.
En esta misma línea, Elizalde apuntó en la necesidad de endurecer la fiscalización ante estos hechos.
"Al margen del caso particular que se está investigando, lo cierto es que necesitamos cada día estándares más exigentes respecto de la ética para los negocios", indicó.
En este contexto, el secretario de Estado subrayó que "han habido casos similares en Chile, donde se han aplicado sanciones que son de carácter histórico y lo cierto es que nosotros vamos a trabajar por el fortalecimiento de toda la institucionalidad que contribuya a la ética en los negocios y el cumplimiento irrestricto de la ley".
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, condenó enfáticamente cualquier acto que atente contra la ley, la ética, la transparencia y la confianza.
" De confirmarse la demanda estaríamos frente a graves y deplorables acciones, que causan un perjuicio social serio, dañan el correcto funcionamiento del mercado de valores, y por consiguiente, del sistema económico", declaró.
Cabe destacar que la SEC acusa a Juan Bilbao de utilizar información privilegiada tras la adquisición de Abbott Laboratories ganando así más de US$10,1 millones en su negociación de información no pública que habría adquirido en las reuniones de CFR Pharmaceuticals.
En tanto Tomás Hurtado fue procesado por las transacciones que realizó su socio (Juan Bilbao), a través de offshore, entidad con la que ganó alrededor de US$ 500.000, según data la SEC.