La Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (Asipes), expresó su disconformidad con el rechazo en el Parlamento a la idea de legislar una prórroga para la entrada en vigencia de la discutida ley de la Jibia. La votación arrojó 21 preferencias a favor, 118 en contra y 4 abstenciones.

Por medio de un comunicado, el gremio apuntó en contra de la votación en el Congreso y también criticó al Gobierno por, a su juicio, no incorporarse en el momento indicado a la tramitación de la legislación. En ese marco, la Asipes consideró que "la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias".

En relación a este tema, para la agrupación lo ofrecido por La Moneda consistente en un programa de auxilio económico y capacitaciones para oficios básicos "es una solución irreal y que confirma el desconocimiento de las autoridades sobre el mundo laboral de la pesca industrial (...) El Gobierno no se involucró oportunamente en esta ley de origen inconstitucional".

En cuanto a las responsabilidades que la agrupación asigna al Parlamento, se hace hincapié que los legisladores buscan "corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial, y no escuchando argumentos técnicos que indican que los dramáticos problemas del país pesquero no pasan por privilegiar a la pesca artesanal y calificando a quienes nos desempeñamos en la industria como trabajadores de segunda clase, sin derechos y sin posibilidad de defensa".

Por último, Asipes afirma que "los parlamentarios de la Región del Biobio y de zonas pesqueras industriales como Talcahuano y Coronel, tienen directa responsabilidad en la pérdida de estos empleos de calidad y de fortalecer la precariedad de la pesca artesanal y extender indefinidamente los graves problemas sociales de este sector".

Revisa el comunicado completo de Asipes:

• Es impactante la comprobación del ánimo del parlamento de buscar corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial y no escuchando argumentos técnicos que indican que los dramáticos problemas del país pesquero no pasan por privilegiar a la pesca artesanal y calificando a quienes nos desempeñamos en la industria como trabajadores de segunda clase, sin derechos y sin posibilidad de defensa. Impresiona como el parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial.

• Queremos insistir que la solución planteada por el Gobierno para las 1.700 familias que perderán su trabajo, a través de una Plataforma Social no sirve, porque es un arreglo inviable para estas familias. Hay que recordar que un trabajador embarcado tiene una renta aproximada de $1 millón y una trabajadora de planta $650 mil. Ambos son operarios altamente calificados, de edades superiores al promedio y con necesidades económicas de familias de clase media, por ende, un programa de auxilio económico y capacitaciones para oficiosbásicos es una solución irreal y que confirma el desconocimiento delas autoridades sobre mundo laboral de la pesca industrial.

• Los parlamentarios de la Región del Biobio y de zonas pesqueras industriales como Talcahuano y Coronel, tienen directa responsabilidad en la pérdida de estos empleos de calidad y de fortalecer la precariedad de la pesca artesanal y extender indefinidamente los graves problemas sociales de este sector.

• También lo que ha ocurrido hoy confirma la poca importancia y atención de los reales problemas de la Región del Biobio en el gobierno nacional. El Gobierno no se involucró oportunamente en esta ley de origen inconstitucional y hoy nuestra zona enfrentará un grave problema de desempleo y destrucción de valor.

GOBIERNO Y POSIBILIDAD DE RECURRIR AL SENADO: "ES ALGO QUE VAMOS A EVALUAR"

Tras el rechazo a la iniciativa en la sede legislativa, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, lamentó lo sucedido y no descartó la posibilidad de que presenten un nuevo proyecto para insistir en la materia a través del Senado. Esto ya que por reglamento, con este nuevo rechazo no pueden impulsar una iniciativa similar hasta después de un año.

Junto con reconocer que "es una decisión que nosotros como Gobierno lamentamos", Fontaine recalcó que "nosotros considerábamos sensato prolongar el tiempo de adaptación para que cuando la ley entre en vigencia estuviera bien preparado el sector pesquero de manera de evitar el desempleo que de otra manera se puede provocar".

Consultado respecto a la posibilidad de acceder al Senado ahora, el secretario de Estado dijo que "es algo que vamos a evaluar".

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