Tras la denuncia del Fiscal Sergio Moya, que acusa a su superior, Emiliano Arias, por tráfico de influencias en el caso Caval, corrupción y obstrucción a la justicia en causas como el Teatro de Rancagua y los jueces de la Corte de Apelaciones, el Directorio Nacional de la Asociación de Fiscales realizó una declaración pública.
En este comunicado señalan que como Asociación de Fiscales "confiamos en que existirá una investigación acuciosa" para esclarecer los hechos y sancionar a eventuales responsables.
También señalan que los hechos conocidos "demuestran la importancia de mantener al Ministerio Público libre de influencias de terceros".
Finalizan la declaración rechazando las iniciativas que proponen extender el ámbito de la acusación constitucional al Ministerio Público ya que creen que esta medida subordinaría la Fiscalía al poder político.
Lee completa la declaración pública del Directorio Nacional de la Asociación de Fiscales:
Frente a los graves hechos conocidos en los últimos días, relacionadas con una denuncia interpuesta en contra del Fiscal Regional Emiliano Arias declaramos lo siguiente:
1.- Como Asociación de Fiscales confiamos en que existirá una investigación acuciosa, que esclarecerá absolutamente los hechos y posibilitará que -de conformidad a la Ley- se sancione a eventuales responsables.
2.- Los hechos conocidos demuestran la importancia de mantener al Ministerio público libre de influencias de terceros. Por lo mismo, nuestras autoridades deben ser extraordinariamente cautelosas y ponderar adecuadamente la conveniencia de mantener reuniones con personas que puedan tener interés en el resultado de las investigaciones.
Además, hacemos un llamado a los distintos actores de la sociedad a respetar la autonomía del Ministerio Público, absteniéndose de tratar de influir en sus procesos internos y no ejerciendo acciones destinadas a producir efectos en causas en las que no son intervinientes.
3.- Por otro lado, rechazamos abiertamente aquellas iniciativas que proponen extender el ámbito de la acusación constitucional al Ministerio Público. En ese sentido, creemos que el principal efecto práctico de esta medida sería subordinar la Fiscalía al poder político.