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Sentencian a pena máxima a violador y homicida de niña en Valdivia

Josué Martín Miranda Bustos, de 44 años, fue condenado a presidio perpetuo calificado por el crimen de una niña de 12 años ocurrido en mayo de 2011.

Erwin Acevedo

Jueves 1 de noviembre de 2012

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a presidio perpetuo calificado a Josué Miranda Bustos, de 44 años, como autor del homicidio y violación de una niña de 12 años, ocurrido en esa ciudad en mayo de 2011.

El crimen ocurrió cuando la menor de edad abordó el taxi de su agresor, vecino y padre de una amiga, quien la trasladó hasta un sitio alejado, donde procedió a violarla y luego causarle la muerte, dejando su cuerpo abandonado en un sector boscoso en las afueras de la ciudad.

En la decisión del tribunal fue crucial la participación de dos peritos expertas contactadas por la Fundación Amparo y Justicia que representó gratuitamente a la familia, en conjunto con el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior.

“Nos sentimos sumamente satisfechos porque el fallo demuestra que este tipo de crímenes, que truncan la vida de personas tan inocentes como los niños, no quedan impunes en nuestro país”, sostuvo Ramón Suárez, presidente de la organización sin fines de lucro.

Por su parte Gonzalo Fuenzalida, jefe nacional del Programa de Apoyo a Víctimas, aseguró que “esta sentencia es contundente y sin duda constituye un enorme avance en el proceso reparatorio de los familiares de la niña. Si bien, aún nos queda un largo camino de contención y apoyo, creemos fundamental una sentencia justa para que los afectados puedan superar, en parte, su profundo dolor y enfocarse en su recuperación emocional”.

Esta condena es el resultado del arduo trabajo de la Fiscalía junto a los organismos colaboradores, el que nos permitió acreditar todos los hechos por los cuales la Fiscalía acusó, además de la calificación jurídica de violación con homicidio y la participación del acusado”, agregó.

El trabajo conjunto entre Fundación Amparo y Justicia y el Programa de Apoyo a Víctimas se enmarca en un convenio firmando en diciembre de 2011, el cual busca garantizar asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a familias de escasos recursos que han perdido un hijo o hija producto de un delito sexual con resultado de muerte.

Foto: Defensoría Penal Pública