A horas de haber emitido controvertidas declaraciones respecto al informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación que se vive en Chile tras el estallido social del 18 de octubre pasado, el canciller Teodoro Ribera aclaró sus dichos y se mostró abierto a implementar las recomendaciones planteadas por los organismos internacionales.

A nombre del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores había señalado, entre otras cosas, que desde el Ejecutivo "no podemos estar preocupados de informes más o informes menos". Por lo otro lado, añadió que "lo que procede hoy día es revisar el informe, ver si hay observaciones al mismo, pero principalmente creo que nos corresponde como país es, primero, si hay algunas recomendaciones que sean prudentes y adecuadas, absolutamente tomarlas. Y las que no son prudentes ni adecuadas, y simplemente exceden el ámbito de la comisión, sencillamente tenemos que dejarlas de lado".

En un comunicado de Cancillería emitido horas después, el secretario de Estado puntualizó que "ni el Informe de ACNUDH, ni ningún otro, han calificado los hechos registrados en nuestro país como violaciones generalizadas y sistemáticas a los Derechos Humanos. Llegó el momento de implementar las recomendaciones que correspondan", añadiendo que lo que corresponde es esperar a que los tribunales resuelvan sobre los casos de eventuales violaciones a los derechos humanos y contribuir a la pronta normalización del país.

Sobre los cuatro informes -dos de ONG y dos de organismos internacionales- ya emitidos, matizó que "lo que corresponde, ahora, es que las instituciones del Estado se hagan cargo de las recomendaciones en esta materia, dentro del Estado de Derecho, para dar solución a las falencias que se han detectado".

Finalmente, el Canciller señaló que al ser consultado por la prensa esta tarde, utilizó erróneamente el término "grave" en lugar de "generalizada" al decir que "ninguno de los informes internacionales señala que hubo violaciones graves ni sistemáticas". En esta nueva intervención, declaró que "quisimos remarcar la importancia de que ni el Informe de ACNUDH, ni ningún otro, calificaron los hechos registrados en nuestro país como violaciones generalizadas y sistemáticas a los Derechos Humanos. Ha quedado claro que no existe en Chile una voluntad de afectar masivamente los derechos humanos y que tampoco ha existido una orden destinada a crear las condiciones para violarlos. En nuestro país las instituciones que han dado prestigio internacional a nuestra democracia funcionan y, finalmente, la invitación hecha por el país a la Alta Comisionada de Derechos Humanos demuestra la transparencia en el actuar del Gobierno sobre esta materia".