Casi dos meses han pasado desde que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que despenaliza el aborto en tres causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo de la madre.
Sin embargo, su implementación en el país ha sido más compleja de lo que se esperaba, así lo evidenció el caso de abuso de una menor de 13 años en Chiloé.
Según relató La Tercera, se trata de la primera denuncia conocida post aprobación, la que ocurrió el 26 de septiembre, a tres días de que entrara en vigencia la nueva normativa.
El caso quedó al descubierto cuando una menor asistió a un centro médico privado de Castro por un dolor abdominal, quedando en evidencia su embarazo producto de un abuso.
Tras realizarse la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación por el delito y la víctima podía acogerse a la interrupción del embarazo, que en ese entonces tenía 11 semanas y tres días, ya que además contaba con la autorización de la madre por ser menor de 14 años.
El diario detalla que la Fiscalía se llevó una sorpresa cuando el Servicio de Salud de Chiloé indicó que no habían hospitales ni médicos disponibles para realizar el procedimiento.
"Fuentes que conocieron el caso señalaron que los profesionales del Hospital de Castro argumentaron que no podían realizar el aborto, ya que aún no estaba listo el reglamento del Ministerio de Salud que fija los protocolos para aplicar la Ley 21.030, el que debe dar a conocer la ministra del ramo, Carmen Castillo”, dice el reportaje de La Tercera. En dicho documento debía quedar establecido el mecanismo de objeción de consciencia por parte de los facultativos.
Por lo anterior y de acuerdo a lo expresado por la publicación, matronas locales han criticado a médicos y especialistas de la zona por no querer practicar el aborto, mientras que los especialistas de la zona aseguran que el conflicto es la falta de implementos en el hospital de la Isla y en el de Puerto Montt.
En este mismo sentido, otro de los problemas que genera la objeción de consciencia en lugares aislados es la complejidad del traslado de las víctimas para efectuar el procedimiento.
A principios de octubre, la niña fue trasladada a Santiago para ser atendida en el Hospital San José, donde se le practicó un aborto, gracias a las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Por otro lado, según indicó a La Tercera, el Ministerio de Salud ordenó la realización de talleres de capacitación sobre la normativa y se trabaja en la publicación del reglamento, el que podría estar listo en diciembre.