Los Sobrevivientes de abuso sexual en la infancia en el llamado caso maristas en Chile expresaron una serie de cuestionamientos a los avances en el caso un vez que fueron notificados del fin de la investigación.
Por medio de un comunicado, la agrupación, consignó que con ellos no tuvieron un gesto como el de otras congregaciones y sólo se les notificó la situación por vía telefónica. Además, expresó su preocupación por el real cumplimiento de las sanciones preventivas que han sido tomadas.
El "investigador ha recomendado las máximas sanciones para los religiosos denunciados. Dicho informe sería evaluado por el Consejo Provincial, el Consejo General y luego el superior de la Congregación solicitará o no a Roma la expulsión de los delincuentes que abusaron de nosotros y que todavía se encuentran al cuidado y resguardo de los Maristas en Santiago de Chile. En un retiro dorado, hace meses siguen en contacto con el resto de la comunidad, vestidos y alimentados con el dinero que recaudan en los colegios maristas".
En el documento expresan también que "la Congregación tampoco es clara respecto de la situación global de la mega causa: ¿cuántos religiosos incluye la investigación canónica? ¿Están incluidos los que encubrieron estos delitos y protegieron a los delincuentes? Sabemos que muchos de ellos viven en calle Sotero Sanz, no están aislados sino por el contrario, reciben visitas casi diarias del mismo Abel Pérez, ya expulsado".
Atendiendo a lo anterior, exigieron a la congregación marista la entrega de todos los antecedentes que dispone sobre denunciados a la justicia chilena, ""pero que también ponga en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos casos que no han aparecido en los medios de comunicación. Es preocupante lo que se desprende de las declaraciones de los fiscales que intervienen en la investigación referidas a que la ofrecida colaboración de la Congregación es más obstrucción que ayuda".
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