Este viernes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por el delito de revelación de secreto con grave daño a la causa pública, cometido el pasado 7 de enero cuando, en medio de las distintas manifestaciones realizadas contra la Prueba de Selección Universitaria, se filtró y difundió a través de las redes sociales el examen optativo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Debido a lo anterior, la rendición de esta prueba tuvo que ser suspendida por el Consejo de Rectores, afectando a más 202 mil jóvenes inscritos para ser parte del Sistema de Admisión Universitario 2020, con grave daño para el país.
La acción del organismo busca aclarar responsabilidades y culpabilidades en el “delito de revelación de secretos con grave daño a la causa pública descrito y sancionado en el art. 246 incisos primero y segundo del Código Penal, así como respecto de otros ilícitos que puedan establecerse en el curso de la investigación”
Asimismo, el recurso, al cual tuvo acceso La Tercera, remarcó que "Demre fue informado que a través de la red social Twitter, se publicaron imágenes del test de Historia -forma 124, el cual enumera el modelo de prueba- proveniente de la cuenta de Twitter @Vanessa Scar, la que fue posteriormente eliminada del portal, como asimismo de la cuenta @Redimido23 y @Isipgh16, aún vigentes”.
El medio citado también enfatizó que el o los encargados de filtrar el documento sabía del funcionamiento el proceso, advirtiendo "una clara intencionalidad en la develación de la misma para afectar en su conjunto la admisión universitaria, provocando con ello un grave daño al proceso de postulación”
Recordar que tras la interrupción de la instancia, el proceso de Admisión 2020 se vio modificado, cambiando la rendición de las pruebas y las respectivas fechas de postulación.
Además, el Gobierno interpuso invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado contra dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), acusándolos de promover el desorden y boicot en el proceso.