Tras el estallido de los casos de fraude en el Ejército y Carabineros, los gastos reservados de las instituciones están en tela de juicio. Pero no solo por sus altos números, sino por la forma en que se rinden.
Es por esta razón que el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Alberto Espina, se abrió a la opción de realizar modificaciones al proyecto de ley que busca establecer un nuevo mecanismo de rendición del uso de esos recursos, ya que muchos aseguran que el proyecto actual es insuficiente.
En ese contexto, La Tercera reveló este domingo que el Contralor Jorge Bermúdez advirtió en varias ocasiones, tanto a la expresidenta Michelle Bachelet como al Congreso, sobre las carencias de la rendición de cuentas por parte de las instituciones castrenses.
El proceso se realiza así: los comandantes en jefe de cada rama acuden a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado, que en su interior trae la rendición -reservada y genérica- junto a una declaración jurada. El contenido es leído, luego archivado y tras ello se finaliza la revisión.
Esto habría llamado la atención del actual Contralor, por lo que resolvió que tenía que “alertar” al Ejecutivo sobre esta práctica. Así, redactó un oficio que fue remitido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de junio de 2016.
Según La Tercera, que tuvo acceso a ese oficio, en el documento se establece que la rendición de gastos “carece de una aplicación práctica”. Además, se explica que “la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”.
Pero el Contralor no solo tuvo reparos con la rendición de cuentas de gastos reservados de las Fuerzas Armadas, sino también de otras nueve instituciones: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.
Según Bermúdez, la Contraloría solo se limita a “hacer fe del contenido de lo informado”, careciendo de los medios para comprobar y revisar si lo informado es correcto.
Además de informar a la Presidenta de la República, el Contralor hizo referencia al asunto en cinco comisiones del Congreso, permanentes e investigadoras, durante 2017 y 2018. En cada una el planteamiento fue el mismo: “Dentro de las debilidades de la institucionalidad pública que favorecen los actos de corrupción están los gastos reservados”.
Tras los escándalos de fraude en Carabineros y el Ejército, se aprobó en el Congreso el artículo número 28 a la Ley de Presupuestos, donde se establece que la rendición de cuentas deberá efectuarse “con la mayor desagregación posible, con el solo límite de no afectar la naturaleza reservada de dichos gastos”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la impugnó.