La Contraloría General de la República (CGR) aclaró a través de un comunicado que cuenta con todas las facultades legales para instruir la investigación a siete miembros del alto mando de Carabineros, quienes fueron acusados por no garantizar el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos de la institución, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, en el marco del estallido social.

Según indicó el organismo, "la facultad de la Contraloría General de la República para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración"

El texto fue publicado luego que desde la defensa de tres de los siete acusados calificaran la indagatoria como "ilegal" y afirmaran que se trataba de "desviación de poder".

Además, el ente público destacó que la indagatoria está respaldada en el "artículo 133 de ley N°10.336, que sostiene que 'el contralor o cualquier funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar, cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos'".

"El procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso", prosiguió la Contraloría.

Sobre el caso en sí, subrayó que no se referirá mayormente, pero que sí cuenta con 457 denuncias "debidamente individualizadas"

🔴Compartimos con ustedes, declaración pública relativa a proceso disciplinario que se lleva a cabo en @Carabdechile pic.twitter.com/LtLB6SJ8dO

— Contraloría (@Contraloriacl) September 15, 2020

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