La Contraloría emitió un informe final en el que detalla millonarios pagos a funcionarios de la Municipalidad de Santiago que el órgano califica como "irregularidades" y que corresponden a supuestas horas extra de trabajo no debidamente justificados y que ocurrieron durante el periodo del exalcalde, Felipe Alessandri.
Ya en octubre pasado la actual administración de Irací Hassler había ingresado una querella criminal por eventuales delitos de fraude a una municipalidad y falsificación de documento público. Esto ocurrió en contra de tres funcionarios que están sindicados en calidad de autores del delito.
De acuerdo a la querella presentada por el municipio, la suma pagada "por concepto de supuestos trabajos extraordinarios" asciende a un total de $147.286.101.
El detalle y las irregularidades detectadas por Contraloría
La auditoría en particular buscaba "comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al pago de horas extraordinarias al personal de planta y a contrata (...) durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020, y a la contratación de servicios a honorarios del personal con desempeño en las áreas de gestión municipal, de educación y salud, en el año 2020" en la referida municipalidad.
Entre los principales resultados, la Contraloría pudo establecer once puntos principales:
- Que se constataron omisiones de registro de asistencia y otras anomalías en las anotaciones.
- Se comprobó que los libros de control de asistencia presentaban enmendaduras y remarcaciones en el registro de entrada y/o salida. Se verificaron funcionarios que, conforme a lo indicado por el municipio, estaban de vacaciones, permiso administrativo, licencia médica o teletrabajo, sin embargo, "registran asistencia en dichas jornadas y desarrollo de horas extraordinarias".
Respecto a este último punto, la Contraloría propone implementar, a la brevedad, "un sistema de control horario transparente que dé garantías respecto del cumplimiento cierto de la jornada de trabajo de cada funcionario".
- Se comprobó que 81 funcionarios recibieron pagos en exceso por concepto de horas extra por un total de $11.416.432.
- Tres funcionarios registraron pagos por horas extraordinarias por la suma de $712.164. En sus registros de asistencias aparecían en modalidad de teletrabajo, por lo que no estaban marcando entrada y salida.
- Se comprobó que 67 funcionarios realizaron horas extraordinarias en sábados, domingos o festivos, sin que estén registrados en el control dispuesto en el edificio consistorial de la Municipalidad de esos trabajadores. La suma por esas horas extra alcanza $30.532.795.
Sobre este último punto, Contraloría pide al municipio adoptar las medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado, y si fuese necesario, llevar las acciones "necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro la suma total de $42.661.391". Esto debe ser realizado en un plazo máximo de 30 días hábiles e informado al órgano fiscalizador.
También se pide al municipio "calcular el pago de las horas extras verificando el cumplimiento previo de los requisitos legales".
- Se comprobaron también pagos por concepto de horas extras para las cuales no se disponía, en las hojas de asistencia, "de las visaciones de las jefaturas correspondientes o del departamento de recursos humanos del municipio". Acá se alcanza la suma total de $42.711.355. Tampoco se puso a disposición el respaldo de las horas extras realizadas por 12 funcionarios cuyo pago alcanza $6.844.730.
Para subsanar esta última situación, la Contraloría pide que se remita, en un plazo máximo de 30 días hábiles, "las hojas de asistencia debidamente visadas. Se solicita "el reparo correspondiente por la suma total de $49.56.085".
- Pagos de honorarios para los que no se disponía del total de antecedentes que respaldaran la salida de recursos por una suma de $41.127.892. A esto se suma que no se entregaron los comprobantes de pago de 5 servidores, cuyo monto llega a $2.203.588.
Al igual que en puntos anteriores, se pide que en 30 días hábiles se presenten los comprobantes necesarios que respalden los egresos. Además, se piden mayores mecanismos de control.
- Se constató que decretos alcaldicios que autorizaron "trabajos extraordinarios" en el año 2020 fueron emitidos en forma trimestral, lo que "resulta improcedente, toda vez que la asignación de trabajos extraordinarios son de carácter de "imprevistos".
- En los contratos a honorarios examinados no incluyeron una cláusula relativa a la "aplicación de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas".
- 18 contrataciones a honorarios no se encuentran registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
- Finalmente, se comprobó "respecto de 63 cuentas corrientes no se acreditó su vigencia, sin que se haya realizado su correspondientes cierre", las que tenían fondos "empozados" por $10.607.913.073. Asimismo, 58 cuentas corrientes, por la suma total de $2.222.734.204, no están incorporadas en los registros contables.
Frente a esta última averiguación, la Contraloría solicita que la entidad comunal acredite "la concreción del cierre de las 18 cuentas corrientes que indicó en su respuesta, además de comprobar documentadamente, para las 45 restantes, si aquellas se enceuntran en uso, o, de lo contrario, materializar su cierre".
Por cierto, se pide que se informe al organismo contralor respecto al destino final de los recursos, informando en un plazo máximo de 60 días hábiles.
En definitiva, y para todo lo anterior, la Contraloría "deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las situaciones observadas".
En ese contexto, el órgano indica que debido a las "diversas irregularidades" se pondrá en conocimiento al Ministerio Público.