La Contraloría General de la República dictaminó que el personal a honorarios de la Administración Pública deberá, de forma gradual, avanzar a contrata.
En el documento, la Contraloría señala que la modalidad de honorarios a personas que se desempeñan en funciones del Estado, es una fórmula "sobreutilizada", analizando que esta situación ha derivado en "desprotección laboral" de quienes prestan servicios en tales condiciones.
Argumentan que quienes recurren a Tribunales de Justicia tras ser desvinculados luego de prestar servicios bajo honorarios, "logran el pago de cuantiosas indemnizaciones, que contemplan cotizaciones y demás recargos legales".
En ese sentido, señalan que el supuesto menor gasto que implica este tipo de relación laboral, "contrasta con los elevados montos" que el Estado debe desembolsar "producto del reconocimiento de una relación laboral por parte de los Tribunales de Justicia".
En este contexto es que la Contraloría recomienda reinterpretar el artículo en cuestión que habilita la contratación sobre la base de honorarios.
Así, señalan que a partir de este dictamen, "la modalidad de honorarios podrá ser utilizada solo para la contratación de asesorías específicas, funciones en gabinetes y otras situaciones excepcionales, aplicándose el nuevo criterio a las nuevas contrataciones que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021".
Respecto a quienes tenían contrato a esta última fecha, para el año 2022 no podrán ser renovados como honorarios, sino que podrán ser traspasados a la contrata, si el jefe de servicio lo decide así.
En tanto, las personas que prestan servicios en calidad de honorarios que cuenten con confianza legítima, es decir, con renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022, no podrán volver a ser contratados en esa condición y deberán ser designados a contrata.
En cuanto a la vigencia del dictamen, la Contraloría explica que "se aplicará en plenitud" recién desde el año 2023.