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Contraloría explica el rechazo a decreto que buscaba mantener colaboración de las FF.AA. en la Macrozona sur

De acuerdo con el ente Contralor, en La Araucanía y el Biobío, "el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente".

24Horas.cl Tvn

© Aton

Viernes 1 de octubre de 2021

Durante la jornada de este viernes, la Contraloría General de la República emitió un comunicado para explicar las razones que llevaron a rechazar el decreto que buscaba mantener la colaboración de las Fuerzas Armadas con las de Orden y Seguridad en la macrozona sur, una vez terminado el periodo de Excepción Constitucional.

Según sostuvo el ente contralor, "el último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente".

"Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo", sostienen en el documento.

 

En ese sentido, explicaron las diferencias entre el decreto vigente en la macrozona norte y el que fue declarado inconstitucional por el organismo.

"Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 —tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019— establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas", mientras que ", el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía".

 

Junto con ello, expresan que "la Contraloría General de la República está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio".

Finalmente cierran el comunicado señalando que el rol del organismo "es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal".