El informe emitido por la Comisión de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones publicado la tarde de este lunes, propuso agrupar en una sola prisión a todos las personas que cumplen pena por violación de DD.HH.
Actualmente, los detenidos por este concepto están repartidos en dos cárceles (Punta Peuco y Cordillera) las cuales, a juicio de la Comisión encargada del informe, poseen demasiadas comodidades.
Cabe destacar que el informe tiene como objetivo realizar una revisión de las condiciones de los condenados en los distintos recintos penitenciarios existentes a lo largo del país.
El informe también recomienda el cierre del penal Cordillera y anexar la planta de este recinto al de Punta Peuco. Según estipula el documento, la dotación de 88 funcionarios de este último “no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera, y que al día de la visita el 13 (noviembre) del actual, contaba con cupos e instalaciones suficientes”.
La investigación fue realizada por un ministro y siete jueces "con competencia en lo penal" a los cuales se les suma dos peritos, un sicólogo y un asistente social designado por el Ministerio de Justicia para cada jurisdicción territorial estudiada.
SOBREPOBLACIÓN Y SEGMENTACIÓN
El informe dejó constancia de las visitas de la comisión a las distintas unidades pertenecientes a la unidad jurisdiccional de Santiago. En el C.D.P Santiago Sur (Ex - Penitenciaría) se contabilizaron 5.456 internos al día de la visita (9 de noviembre de 2012).
Según se consigna, es una cifra "menor a la del año pasado por el traslado de un número importante de reclusos a Colina II e indultos a extranjeros que abandonaron el país". Acerca del mencionado recinto, se establece que "siendo creado para una población de 1.000 reclusos, con una capacidad máxima de 1.100" a la fecha de la visita (el 14 de noviembre de 2012) , "era ocupado por 2.521 personas".
Volviendo a las observaciones al C.D.P Santiago Sur, en una de las observaciones del informe se constató que "la calle 3B, con 30 internos provenientes en su gran mayoría de la cárcel de San Miguel, se destinó a homosexuales, algunos portadores de VIH y otros con evidente deterioro siquiátrico". Más adelante, se vuelve a mencionar el caso de las 3B en estos términos:
"Llamó la atención que quienes se encuentran en la calle 3B -por su condición de homosexuales- se nos dijo (a la Comisión), no concurren a la escuela ni a talleres y que luego de su encierro, a las 5 de la tarde, no pueden acceder a los servicios higiénicos, ni cuentan en sus celdas, ocupadas hasta por 5 individuos, con una taza de baño en su interior, debiendo defecar en bolsas".
TRABAJOS, CULTURA Y REINSERCIÓN
Por otro lado, el informe destaca que en la Calle 4 de la Ex - Penitenciaría, la cual cuenta con 400 condenados por tráfico, homicidio, abusos sexuales y robos, "concentran el mayor número de quienes profesan la religión evangélica y sus celdas alojan a un máximo de ocho individuos", los cuales "impresionan por su pulcritud (...) Debe destacarse que al interior del pabellón hay instrumentos musicales para el desarrollo de su culto".
En cuanto a Colina I también destaca por un "sector laboral consolidado con importante infraestructura" donde 138 internos trabajan en la panadería del penal recibiendo ingresos aproximados de $150.000 y $300.000 mensuales.