La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para entregar información respecto al Censo 2012.
El fallo determina que no se cometió ilegalidad al ordenar que se entregue la información recopilada en el Censo 2012 y cuya entrega fue suspendida luego de las irregularidades detectadas en el año 2013.
Según indica la resolución, "no es sustentable que el Consejo para la Transparencia lo esté obligando a actuar fuera de sus atribuciones legales y constitucionales, si el mismo hizo tal publicación".
Agrega que "situación distinta es que, con posterioridad y a raíz de los cuestionamientos públicos que se hicieron a este proceso, al detectarse algunas falencias, haya sido retirado y sometido a un proceso posterior de validación y auditoría".
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