El lunes el Gobierno enviará el proyecto de ley que contempla designar un “administrador provisional” en aquellos planteles, sean colegios o universidades, que estén en “riesgo de continuidad de estudios”.
La modificación a la ley que plantea el ministerio de Educación, permitirá que funcionarios nombrados por el Estado puedan buscar soluciones dentro de la institucionalidad y evaluar la fusión o traspaso de algunas sedes a otros planteles, cuando la continuidad de la institución esté en riesgo, según informa este sábado El Mercurio.
El proyecto, que se tramitará como ley corta, contempla dos años para que el interventor diseñe y ejecute un plan de acción que permita evitar el cierre, subsanando los problemas que se detecten, se trate de materias académicas, administrativas o financieras.
Este será el primer proyecto de ley en materia de educación que ingrese el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y es anexa a la Ley General de Educación (LGE) que faculta a la cartera y al Consejo Nacional de Educación (CNED) a cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una institución de educación superior y ya genera opiniones en contra.
Uno de los aspectos más cuestionados apunta a que la designación de un delegado sin una sanción de por medio atentaría contra la eventual autonomía del plantel, si es que éste la ostentara, detalla La Tercera en su edición de este sábado.
Desde el Ministerio de Educación dicen que con esta modalidad el plantel no perderá su autonomía, no así a sus autoridades, que traspasarán esa potestad a un tercero, quien ejercerá ese derecho a nombre de la institución.
Asimismo, aclararon que tampoco se perderán financiamiento como becas y créditos, por ejemplo, asegura La Tercera.