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El turno de la defensa

La defensa de los imputados contra argumenta los fundamentos presentados por la fiscalía en base al actuar de los ex funcionarios. Familiares de las víctimas esperan afuera del tribunal.

Agustín Benaprés

Jueves 10 de mayo de 2012

Ya van 4 días de formalizaciones en el proceso para establecer la responsabilidad de las 8 autoridades implicadas en el Caso Tsunami. Esta vez le tocó el turno al abogado defensor del sismólogo Carlos Aranda.

Cabe recordar que en la jornada de ayer se presentaron los descargos de los abogados del ex subsecretario del interior, Patricio Rosende y de la ex directora de Onemi, Carmen Fernández para impedir que a sus representados les den prisión preventiva.

Pasadas las 9 de la mañana, el juez Daniel Urrutia dio el pase al abogado Patricio Piddo, en representación de Aranda. En la formulación de los descargos, Piddo expuso los antecendes curriculares de Carlos Aranda y explicó la sucesión de hechos que ocurrieron en la madrugada del 27 de febrero de 2010. "Carlos Aranda se constituyó en el servicio sismológico a las 4 de la mañana. Dos horas más tarde fue requerido por las autoridades centrales y recibe el fax del SHOA a las 6:25 am", dijo el abogado. En ese momento habría sido requerido para exponer ante el Comité de Operaciones de Emergencia.

También está presente Humberto Montiglio, colega de Patricio Piddo, quien se hace cargo de los antecedentes e imputaciones objetivas del sismólogo de la Universidad de Chile. "El comité de emergencia contaba  con muchísimos más antecedentes que mi representado y no se los entrega", expuso Montiglio.

Además el abogado de Aranda dice que "mi representado lo que hace es interpretar la información del Shoa, si hubiese contado con mas antecedentes podría haber arribado a una conclusión más evidente".

Pasadas 10 de la mañana, Montiglio sostuvo que "a nuestro juicio no se han acompañado antecedentes que hagan presumir una cautela a mi representado". Junto a ello, insistió en desestimar lo que pide la fiscalía y dijo que "existe una desproporción en caso de imponerse una prisión preventiva".

10:20 toma la palabra la fiscal Solange Huerta.

La fiscal refuta los argumentos expuestos por la defensa de los imputados, "no se trata de que como nadie cumple yo no estoy obligado a cumplir. Eso parece entenderse de las distintas alegaciones que hemos escuchado en estos días".

"Las defensas intentan construir una causal de justificación sobre un hecho. Y el hecho es uno, estaban incomunicados y/o los sistema de comunicación habían colapsado. Sin embargo hemos aportado antecedentes que dan cuenta que ese colapso o ese nivel de incomunicación no existió. Lo que ellos han esgrimido es el colapso total de las comunicaciones y para eso basta con revisar el registro de llamados".

"Lo que está en discusión son las obligaciones jurídicas de los imputados, no su calidad de personas", expone Solange Huerta y continúa "no tenían nada que interpretar, tenían que aplicar. Todos los testimonios son confusos".

"Existía error en las decisiones del director del Shoa, por el asesoramiento de (Mario) Andina y (Andrés) Enríquez".

En las afueras del Centro de Justicia, se reúnen familiares de las víctimas del tsunami. "Es una pena muy grande y somos los únicos que podemos sentir porque lo vivimos en persona. Al menos hubieran dado una alerta falsa, queremos que se haga justicia", son parte de las declaraciones que hacen a 24horas.

Mientras en la sala, se habla que del total de las personas de la ONEMI a las cuales la fiscal Huerta tomó declaración, 18 de ellas declararon no haber escuchado la alerta referente a la cancelación de tsunami.

"La defensa intenta explicar que el mando de autoridad o coordinación eran simples ejecutores del organismo técnico. Sin embargo conforme al plan de protección civil su obligación principalmente es proteger la vida de las personas que se encuentran en riesgo. El mando de autoridad y de coordinación debían dar la alerta a la población", expone Huerta.

Para finalizar Solange Huerta declara que , "como nadie cumple con sus obligaciones nadie debe ser sancionado y eso en derecho penal no es aceptable", enfatiza la fiscal realizando una analogía entre lo expuesto en los argumentos por las defensas y la opinión del ministerio público".

A las 11 de la mañana el juez Daniel Urrutia anuncia una pausa de 20 minutos en la audiencia de formalización.

Comienza el ingreso a la sala para retomar la audiencia. El juez de la palabra a los abogados querellantes entre ellos Alfredo Morgado y anuncia que luego podrán pronunciarse los abogados defensores en un tiempo de 10 minutos.

Morgado señala que un actuar diligente habría salvado las vidas de las 156 víctimas que murieron en el tsunami posterior al terremoto de 2010.

"Carmen Fernández sabía que el terremoto era grado 7. Y entre grado 7 y 9 por qué no aplicó el protocolo de emergencia", dice Carlos Fairlie, uno de los abogados querellantes del caso tsunami.

Por su parte Fairlie señala que el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, debía ordenar la evacuación debido a su investidura y obligaciones propias de una autoridad, independiente del asesoramiento técnico.

Ahora es el turno del abogado Raúl Meza. "Todos los funcionarios tuvieron incidencia en el curso causal, por imprudencia , negligencia e incumplimiento de las obligaciones", señala Meza.

"El mal causado no es una hipótesis. La prisión preventiva parece justa en este caso. Hace justificable por la incompetencia profesional de los funcionarios y el sistema penal tiene que dar señal de justicia a la comunidad", finaliza el abogado querellante.

Uno de los representante de 5 víctimas fallecidas en Juan Fernández señala que "la verdad ya aflora y no puedo entender que sigan manteniendo la tozudez de no querer entender la realidad que estaba ocurriendo". Se dijo no digamos esta informacion porque púede causar alarma. Estoy totalmente de acuerdo en  el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas".

Ahora es el turno de la defensa, el abogado defensor Felipe de la Fuente, que representa al ex director del Shoa Mariano Rojas.  Tanto para dar la alerta y como para cancelara lo dicen las disposiciones respectivas y no corresponde a la tesis que el ministerio público presenta".

Además señala que "Cecilia Celaya tenía el deber de evaluar. Ella reconoce que no comunico las conclusiones que iba sacando hasta el final, por una decisión  de no comunicar". Recordemos que Cecilia Celaya ocupaba la función de oceanógrafa del Shoa al momento del tsunami del 27 F.

"Evidentemente se necesitaba asesoría y mi mandante (Mariano Rojas) no la recibió de parte de quién debía hacerlo", concluye de la Fuente.

Tambien participa de los alegatos la abogado Paula Vial, representante del capitán Andrés Enríquez y señala que no se ha señalado una causalidad con los imputados. Ahora es el turno de Lisandro Godoy representante de Mario Andina Medina.

"Es claro que esta predeterminado qué es lo que debe hacerse en caso que ocurra un terremoto y debe evacuar. No es cuestión que los técnicos nos avisen. Entregada la alerta a la ONEMI esta debe difundir", señala Lisandro Godoy.

Comienza el turno de Luciano Fouilloux, abogado de Carmen Fernández. "Ella (Carmen Fernández) estaba obligada a pedir más información porque el fax no se explica por si mismo. Tiene una información ambigua e imprecisa".

Toma la palabra la defensa de Osvaldo Malfanti.  Estamos viviendo los momentos en que la defensa de los imputados contra argumenta los fundamentos presentados por la fiscalía en base al actuar de los ex funcionarios. Familiares de las víctimas esperan afuera del tribunal.

"Se dice que mi representado no escucho en la radio las informaciones del Shoa que entrego la ONEMI. Y claro si es muy difícil hacerlo porque estaba tomando contacto con los directores regionales para recavar mayores antecedentes, es imposible humanamente escuchar los teléfonos y la radio", señala Eduardo Lobos, abogado de Malfanti.

Habla Samuel Donoso, abogado del ex subsecretario del interior, Patricio Rosende. "Si los informes del Pacific Tsunami Warning Center son obligatorios, entonces su razonamiento (de Patricio Rosende) le da la razón de haber entendido que los organismos nacionales e internacionales estaban descartando el tsumani, ese razonamiento (de la fiscalía) nos da la razóin", explica Donoso.

Tras haber escuchado a todas las partes involucradas el juez que lleva el caso, Daniel Urrutia, indica que hay un receso.

Se espera la reanudación de la audiencia para establecer el plazo para la resolución.

La fiscal Solange Huerta pide ochos meses de plazo para investigación, mientras los defensores indican un plazo de entre seis y ocho.