La defensa de tres de los siete altos mandos de Carabineros, investigados por la Contraloría General de la República (CGR) por su actuar durante el estallido social, calificaron de "ilegal" la investigación y aseguraron que se trata de un caso de "desviación de poder".
Esto luego que el organismo decidiera comenzar una investigación en contra de siete altos mandos de Carabineros por no garantizar el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos de la institución durante el pasado 18 de octubre.
Ante esto, los abogados de Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti y Enrique Monrás dieron a conocer su defensa, donde rechazan las competencias de la Contraloría en esta materia y afirman que se hizo todo lo posible por garantizar el cumplimiento de los protocolos.
"El Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hecho delictivos ocurridos des el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública", afirmó la defensa, según publica La Tercera.
"Tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes", agregaron.
Frente a la competencia del organismo para realizar esta investigación, aseguran que "el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos".
"Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) que los regula y los reglamentos respectivos", añadieron.
Además, según los abogados, se estaría ante "una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que en caso alguno se encuentra dentro del campo de acción de la CGR, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución, de los cuales dependen jerárquicamente los referidos Oficiales Generales", sentencia y acusan "un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder, ya que el tenor de los cargos conocidos, lo que busca es la determinación de eventuales responsabilidades penales de los Oficiales Generales".
Para finalizar, recalcan que las presuntas responsabilidades penales están siendo resultas por los Tribunales de Justicia, por lo que "de acuerdo a la LOC de la CGR debe abstenerse de conocer estas materias".