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Defensora de la Niñez cuestiona presencia militar en La Araucanía: "Lo que hace es condicionar y tensionar mucho más la zona"

Patricia Muñoz señaló que "evidentemente los militares, que no tienen formación en control de orden público, no van a poder resolver algo que ni siquiera las policías han sido capaces de resolver".

24Horas.cl Tvn
15.10.2021

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a la declaración de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur por parte del Gobierno, cuestionando la presencia militar en la zona.

A través de una declaración, señaló que esto "representa dos evidencias manifiestas: por una parte la incapacidad que ha tenido este Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también las policías de brindar seguridad a los niños, niñas y adolescentes de esa zona y también a todos los habitantes de esos lugares, que demuestren que están haciendo acciones eficaces en la prevención de los delitos, cualquiera sean estos; y además de la incapacidad de perseguir eficientemente a quienes cometen hechos delictivos, razón por la cual muchos de los hechos en que han sido víctimas niños, niñas y adolescentes, siguen estando en impunidad".

Además, afirmó que estima que la intervención militar no ayudará a resolver el problema de seguridad que existe en dicha parte del país, sino que contribuirá a complicar más aún la situación.

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"Evidentemente los militares, que no tienen formación en control de orden público, no van a poder resolver algo que ni siquiera las policías han sido capaces de resolver y muy por el contrario, esta decisión lo que hace es condicionar y tensionar mucho más de lo que ya se encuentra tensionada esa zona con la posible exposición de niños, niñas y adolescentes -particularmente de quienes viven en comunicades mapuche e indígenas- a situaciones de vulneración a sus derechos que no queremos volver a conocer", añadió.

Finalmente, recordó que la última vez que se optó por la presencia militar en La Araucanía, ocurrieron hechos como el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, entre otros.

"No queremos que eso vuelva a ocurrir y por lo tanto esperamos que esta decisión, que no compartimos, en definitiva esté lo suficientemente controlada y supervisada por quienes han sido responsables de ella y que de esa manera aseguren que ningún niño, niña o adolescentes, independientemente de su origen y pertenencia a una comunidad indígena, va a ser afectado en sus derechos por una intervención policial o militar en contextos, supuestamente, de lograr de una vez brindar seguridad a los habitantes de esas regiones", cerró.



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