En 1.233 causas por saqueos tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 participó la Defensoría Penal Pública.
Esa fue la estadística sobre hurto simple, robo en lugar no habitado y en viviendas que reveló el organismo a poco de cumplirse cuatro años del 27-F.
Según consigna el diario La Tercera, sólo en la Región del Biobío se atendieron 1.033 casos, de los cuales 350 derivaron en prisión preventiva, aunque todos los imputados cumplieron sus penas en libertad.
En esa misma zona, las pesquisas policiales permitieron identificar a cerca de 500 personas, consiguiendo 300 condenas por los ilícitos que ocurrieron en las comunas de Concepción, Talcahuano, Coronel y Yumbel. En la Región del Maule, en tanto, hubo 203 imputados.
Tras el terremoto, se llenaron cuatro gimnasios con especies sustraídas, avaluadas en dos mil millones de pesos, y se incautaron 70 vehículos que participaron en los saqueos.
Consultado por qué esta baja penalidad, el organismo indicó que la fiscalía persiguió a los imputados, pero no decretó su prisión porque las cárceles no estaban aptas para recibir nuevos internos.
Ante este esenario, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío, Pelayo Vial, explicó que "la acción de persecución fue bastante dura y se pidió mucha prisión preventiva, cosa que no se hace en tiempos de normalidad (...) sentíamos que el tema se estaba instrumentalizando. A cualquiera se le traba como saqueador y se le otorgaba el máximo rigor de la ley, no porque mereciera esa sanción, sino como un ejemplo para terceros".
Foto: Archivo Agencia Uno.