La Contraloría General de la República abrió un sumario por eventuales irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros de Chile.
El diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio, quien fue uno de los parlamentarios que solicitó la investigación, sostuvo que la petición se hizo hace más de un año al órgano contralor.
"No sé si sorprenderme o no de una irregularidad más. Nosotros presentamos hace mas de un año la petición a la Contraloría con el objeto de que se haga esta auditoría en este proyecto de adquisición de cámaras corporales, porque entendíamos que había una serie de irregularidades fundamentalmente proveniente de la subsecretaria, la señora Martorell", dijo el diputado.
"La Contraloría hizo un trabajo como siempre acucioso e hizo una serie de verificaciones. Por ejemplo, hacer ganador de la licitación a alguien que había entregado fuera del horario de recepción, establecido en la propia base de licitación, o que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes que se tuvieron a la vista por la comisión evaluadora", agregó el parlamentario.
"Hay una cantidad bien grande de infracciones a los propios principios rectores de la licitación, y esos están establecidos por la Contraloría. (...) a juicio mío este es un informe brutal, yo creo que después de esto naturalmente que va a entregar responsabilidades muy grandes", sentenció.
El diputado indicó que se están enviando los antecedentes a la Fiscalía Centro en la Región Metropolitana con el objeto de que con estos se trabaje en la investigación penal y se establezcan la responsabilidad por los montos que están establecidos, que son $378 millones.
"Lo que corresponde ahora es determinar la responsabilidad penal de aquellos que participaron de todo esto. Nosotros fuimos contra la subsecretaria hace un tiempo, la señora Martorell y ella tendría que responder en los próximos minutos, horas, tendría que dar una respuesta por esta situación".
El informe
El informe de la Contraloría establece que la empresa que obtuvo la licitación entró a ésta fuera de plazo y además entregó productos que no cumplían con los requisitos al momento de la adjudicación; específicamente la función “post recording” que permite continuar la grabación por 120 segundos luego que la cámara es apagada.
La compra se realizó en 2020 por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito por un monto mayor a $378 millones, mientras Katherine Martorell – actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel- estaba a la cabeza del organismo.
A la licitación se presentaron ocho empresas. La Contraloría General de la República en la auditoría N°277 determinó que Motorola Solutions Chile S.A. presentó su propuesta fuera de plazo, al igual que otras cuatro. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito visó la adjudicación en marzo de 2020 en la resolución exenta N°493.
Revisa los documentos de la licitación
La entidad señala en la auditoría que al momento de la licitación Motorola no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función post recording, exigencia que figuraba en las bases del concurso.
De acuerdo a la Contraloría, las cámaras Edesix VB-400 propuestas por Motorola Solutions Chile S.A. no disponían de post recording al momento de la adjudicación, 11 de marzo. El informe de auditoría señala que se verificó lo anterior mediante la revisión de las fichas técnicas e historial de versiones disponibles en la página web del fabricante. La misma fuente evidencia que el 25 de ese mes aparece publicado que la cámara dispondría del post recording.
En una carta a la Subsecretaría en junio de 2021, Motorola explica que las cámaras adquiridas venían con el firmware V.14.2.3 instalado al momento que fueron fabricadas, embaladas y almacenadas; pero que la versión de firmware que realiza la activación de post recording es la V14.5.0 en adelante; liberada en agosto de 2020. Asimismo, señala que la versión fue actualizada en un proceso sencillo y se liberó anticipadamente a la Subsecretaría.
La Contraloría también verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora para analizar las ofertas recibidas, y por tanto no hay registró de cómo tomaron las decisiones.
Otro de los puntos que analiza la auditoría es el puntaje máximo que se adjudicó a Motorola en el atributo "Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura de las oferta". Sin embargo, según consta en el acta de evaluación con fecha 6 de marzo, la empresa no dispuso el anexo sobre el plazo de entrega total del sistema.
Por los antecedentes señalados, la Contraloría concluye e instruye la apertura de un sumario para determinar responsabilidades de carácter administrativas. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que se determine la eventual configuración de delitos.