De manera unánime, la Cámara de Diputados aprobó esta jornada la solicitud realizada por varias bancadas del Congreso para crear una Comisión Investigadora de "los actos del Gobierno vinculados con el proceso de reubicación de ex alumnos de la Universidad del Mar en otras entidades de educación superior".
La comisión tendrá un plazo de 90 días para entregar un informe respecto a la situación que viven los estudiantes de dicha universidad hace tres años.
En 2012 se detectó que la Universidad del Mar, entidad de educación superior acreditada por el Estado, había realizado procedimientos con claras y directas intenciones de generar lucro a sus propietarios. Ello llevó a la cancelación de su acreditación, dejando desamparados a casi veinte mil alumnos.
Tras la crisis generada se realizaron diferentes convenios para reubicar a los estudiantes, pero mucho de los acuerdos se hicieron de manera informal, por lo que no quedó un registro.
Ante este escenario los parlamentarios plantearon que existen serias dudas respecto a la correcta fiscalización de parte del Ministerio al uso de los dineros públicos que dichas universidades recibieron en virtud de tales convenios.
"Nos parece necesario despejar las dudas que surgieron luego de la firma de contratos, a través de los cuales hubo traspaso libre de fondos fiscales, sin el posterior control y rendición de cuentas de dichos fondos, lo que podría ayudar a que los dineros públicos no hayan sido utilizados en beneficio de los alumnos reubicados, sino para fines ajenos a la necesidad que los justificó", precisan los legisladores.