El pasado martes, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen en donde se indicó que los empleadores no pueden prohibir el ingreso a sus trabajadores que no tengan PCR negativo, sin que al menos haya sospecha de algún contacto que requiera asistencia a un recinto médico.
Además, se determinó que si al trabajador no se le ha entregado licencia médica, no existe justificación para que se ausente de sus labores, por lo que la empresa tenía la obligación de otorgarle trabajo y remunerarlo. Ello, excepto que un acto de autoridad le impida prestar servicios.
El dictamen indicaba que "no se ajusta a derecho que las partes de la relación laboral se eximan del cumplimiento de sus obligaciones que emanan del contrato de trabajo por no contar el trabajador con un PCR negativo, salvo que se otorgue licencia médica".
Negar el acceso "no resulta concordante con el principio de no discriminación en el trabajo, pues altera la igualdad de oportunidades y de trato, y menos resulta razonable ni legítimo que el empleador a priori niegue a sus trabajadores el ingreso a prestar servicios por no contar con un examen PCR".
Dictamen aclaratorio
El jueves 1 de abril, se emitió un dictamen complementario, en donde finalmente se determinó que los empleadores sí podrán pedir exámenes PCR a sus trabajadores para prevenir contagios.
En este nuevo dictamen, se destaca que el empleador tiene "la responsabilidad principal de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores (...) Resulta razonable que el empleador sea el más interesado en prevenir y controlar el eventual contagio entre sus trabajadores, y, en consecuencia, arbitre todas las medidas que estén a su alcance en vistas del logro de dicho objetivo".
"Es perfectamente admisible que el empleador requiera de sus trabajadores el examen PCR como un mecanismo idóneo para lograr la prevención y control del contagio de COVID-19, especialmente en el lugar donde los trabajadores desarrollan sus labores (...) La medida antes mencionada se entenderá jurídicamente admisible en aquellos empleadores que actualmente estén realizando o en el futuro quieran realizar exámenes PCR a sus trabajadores, y por lo tanto podrán continuar haciéndolo o empezar a hacerlo, según corresponda, siempre que el costo económico que aquello signifique sea asumido por dicho empleador, que la aplicación del mismo no constituya una conducta discriminatoria y que aquello no atente contra los derechos fundamentales de sus dependientes", cerró el texto.