Una veintena de vecinos de La Cisterna se encadenó este miércoles al Edificio Ceppi, denominado por ellos como el "edificio sin ley", para protestar en contra de los constantes hechos de violencia registrados en dicha zona, culpando a la mala administración que tendría detrás el candidato presidencial Franco Parisi.
Joel Olmos, alcalde de la comuna, explicó a 24 Horas que los residentes deben sufrir diversas amenazas, hechos de violencia y malos tratos por personas al interior del inmueble, pero que la inmobiliaria no puede tomar acciones por la intervención de Parisi.
La autoridad detalló que el pasado 24 de abril se interpuso una demanda por $12.520 millones en contra del abanderado del Partido de la Gente, ya que "él fue quien convención a la inmobiliaria Cerro Colorado de financiar el proyecto, prometiéndoles 50 meses de arriendo para ellos además de una opción de compra".
"Sin embargo, al empezar a operar, hubo un cobro unilateral materializado por el primo de Parisi, donde se hicieron forzosamente de la administración, dejando a Cerro Colorado fuera del negocio, por lo cual fue demandado", agregó.
Olmos complementó que el 9 de julio, el Juzgado Local de La Cisterna ordenó a la inmobiliaria Royal de Parisi devolver a Cerro Colorado la administración del edificio, incluyendo libros contables, planilla de trabajadores y certificado de pago de cotizaciones.
No obstante, la defensa del aspirante a La Moneda "decidió apelar a la Corte de Apelaciones de San Miguel para revertir esta medida. El candidato presidencial, en vez de acatar la justicia y devolver la administración del edificio a la inmobiliaria que le entregó el dinero para construirlo, presentó un recurso de apelaciones para no tener que hacerlo. Es el culpable finalmente de la situación".
El edil señaló que desde el Ministerio Público hubo acciones para frenar los delitos cometidos al interior de la comunidad, logrando el 18 de mayo la detención de 18 personas tras el allanamiento a 40 departamentos, destacando la presencia de microtráfico, porte ilegal de armas y violación a la ley de migraciones.
"Funcionó un tiempo, pero el caos y desorden regresaron al edificio sin ley", aseveró.
"La solución es que la administración sea traspasada a Cerro Colorado que financió el proyecto, de manera que ella establezca los canales legales para echar a la gente por mala convivencia", sentenció.
Por su parte, las personas afectadas denunciaron "no poder vivir en paz", remarcando que "vemos personas paseándose con armas por los pasillos".