El séptimo Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago ordenó al Estado de Chile a pagar más de $1.000 millones a modo de indemnización por daño moral a las familias de los internos que fallecieron en el incendio de la Cárcel de San Miguel, en 2010.
El hecho, registrado el 8 de diciembre de ese año, cobró la vida de 81 reos, por un incendio declarado en medio de una riña entre internos. El siniestro no pudo ser contenido por el personal de Gendarmería presente ese día, y tampoco se dio aviso oportuno a Bomberos.
El mal mantenimiento de las añosas instalaciones del recinto penal, y al hacinamiento que llegaba a un 300%, además de la inexistencia de vías de evacuación, fueron argumentos tomados en cuenta por la jueza Carolina Ramírez para establecer la responsabilidad del Estado, además de los montos de compensación que el Estado deberá pagar a cada familiar de los fallecidos.
Las indemnizaciones, según consta en el texto de la sentencia, dependerían de la realidad de cada familia demandante, siendo la más alta de más de $150 millones de pesos. No obstante, la resolución es de primera instancia, por lo que podría ser apelada por el Consejo de Defensa del Estado.
