Un estudio detectó discriminación estadística por sexo, nacionalidad y nivel socio-económico en los controles preventivos de identidad que realiza Carabineros. El estudio, realizado por los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo de la Universidad Diego Portales, fue publicado el 31 de diciembre en la revista Estudios de la Justicia.
Los investigadores indicaron que sus datos para el estudio se vieron limitados debido a la deficiente información entregada por Carabineros, puesto que no se lleva registro de la comuna de residencia de quienes se controla pero sí de donde se realiza dicho control.
En entrevista con Canal 24 Horas, Lillo indicó que "estamos hablando de una política pública enfocada en lograr mayores estándares de seguridad, pero que en general se puede caracterizar como una discusión de política pública que ha sido diseñada desde la oscuridad, con muy poca evidencia".
"Lo que nosotros quisimos hacer básicamente con este estudio fue aportar en esa discusión brindando algunos datos de funcionamiento práctico de cómo se utiliza y cuán eficaz es esta herramienta. Hace años que existe la hipótesis de que estos controles podrían ser utilizados de manera discriminatoria, y lo que nosotros quisimos hacer es —con números y evidencia— testear justamente esa hipótesis", añadió el docente.
El equipo investigador inició, añade Lillo, "una viable de transparencia, una solicitud de acceso a la información pública de los datos y controles de identidad en 2017 y 2018, que fue denegada por parte de Carabineros. Tuvimos que llegar en un largo litigio hasta la Corte Suprema para que se le ordenara a Carabineros de Chile entregarnos esa información. Entonces, nosotros contamos con la misma base de datos con toda la información que recoge Carabineros respecto de la aplicación de estos controles. De ahí hicimos este estudio, se hicieron estos análisis estadísticos con estos dos focos: ver la eficacia y ver si había uso discriminatorio".
Lillo destacó luego que "hay que pensar que este mecanismo ya está establecido en la ley y hoy día es derecho vigente. Por lo tanto, es una facultad policial que hoy día existe. El punto es cómo lo mejoramos. El primer paso sería mejorar los estándares de información necesarios, sin duda. El punto es qué tipo de información se está levantando y luego no basta con la letra de la ley. Eso ya lo sabemos, porque en 2016 se estableció un estándar bastante bajo de información, pero que no se cumplió. ¿Cómo controlamos que la policía, Carabineros y PDI, rinda cuenta respecto de esta herramienta? La información que publicó el ministerio del Interior luego de nuestro litigio en la página web es súper deficiente, solamente es el número total y el porcentaje por tipo de control. Hay que ir mucho más allá".
"Esto implica mejorar, por ejemplo, mejorar el tipo de bases de datos que utiliza Carabineros. Nosotros accedimos a esa base de datos, pero la información que hoy día se está levantando en el equipo tecnológico que utilizan los policías... tuvimos que trabajar y arreglar bastante porque eran básicamente planillas Excel con distintas tecnologías y categorías que no calzaban necesariamente entre sí. La información que estaba siendo levantada no es la mínimamente necesaria para hacer una evaluación seria de la aplicación de este mecanismo, tanto desde la eficacia y mucho menos del uso abusivo y discriminatorio, que es un enorme riesgo que tiene este tipo de mecanismo. No solamente en Chile, esto es algo general", agregó el académico.
Finalmente, respecto a las conclusiones del estudio, Lillo indicó que "hay que partir de la base de que la información que tenemos es muy precaria para hacer una información de ese calibre con la certeza que tal vez la gente quisiera. No tenemos la información y debiera estar, ese es el gran punto acá, para poder evaluar el uso y si realmente está siendo utilizada de manera arbitraria por motivos simplemente del sexo o nacionalidad de una persona. No tenemos, lamentablemente, la información para eso".
"Lo que nosotros hicimos fue recurrir a una técnica que se utiliza en la economía, básicamente por algunos colegas que nos recomendaron, que es utilizar un método de discriminación estadística. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aportar en un espacio de gran opacidad. Quisimos decir 'miren la evidencia que nosotros estamos colocando. Es un antecedente importante, que muestra que pudiesen haber otras razones más allá de la eficacia, por las cuales se está utilizando este mecanismo'. Y pudimos probar en base a tres criterios: la nacionalidad de las personas que son controladas, el sexo y la pertenencia a comunas que clasificamos de mayores y más bajos niveles socio-económicos. Testeamos para ver, desde el punto de vista de la eficacia, si es que uno pudiese encontrar diferencias estadísticamente relevantes para poder afirmar y decir 'ojo, el motivo por el cual se está aplicando el control respecto de estos grupos de la población van más allá de la simple eficacia'", cerró.
Para concluir, el académico llamó a las autoridades a mejorar sus estándares de información.