Fue uno de los primeros damnificados por el terremoto político que se generó tras la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010 y hoy revisa los errores cometidos. El ex director de Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas, explicó las razones por las que canceló una posible evacuación de la costa chilena.
"Cuando se le pregunta a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) si está ocurriendo algo, si había información, si habían pasado olas nos dijeron 'No, negativa'", dijo Rojas en entrevista con la revista Sábado.
En la publicación, el ex director del organismo agregó que canceló la alerta de tsunami generada pocos minutos después del terremoto, porque pensaba que hacía lo mejor en torno a los antecedentes de los instrumentos que tenían a mano.
Aseguró que las variaciones que presentaban los mareógrafos eran menores a las observada en el megasismo de 1985 y pensó "que no pasaba nada" y que la evacuación ya había comenzado, por lo que habían enfermos fuera de los hospitales y rescatistas imposibilitados de llegar a la zonas costeras.
"Eso, junto a los antecedentes con los que contaba en ese minuto me hicieron tomar la decisión que creí era la que iba a producir menos muertes", añadió.
Rojas detalló que el día de la tragedia las comunicaciones se cayeron y nunca comprobaron si las informes que emitían eran recibidos, aunque precisó que estuvieron en contacto constante con la Onemi, organismo que niega esta información.
"El estado completo falló. Algunas cosas se habrían evitado si el Estado completo hubiera funcionado bien, si no se hubieran caído las comunicaciones", señaló.
Junto a otras ocho autoridades Mariano Rojas hoy enfrenta a la Justicia. En su caso se le imputan siete infracciones reglamentarias que incidieron en la muerte de 156 personas y en la desaparición de otras 25 tras el terremoto del 27/F.
El ex marino dijo que duerme tranquilo y que no se siente responsable de las muertes. Agregó que no era necesario esperar una alerta de tsunami para evacuar, ya que los municipios tenían un plan que no funcionó, excepto en el caso de Iloca donde un carabinero con un megáfono instó a los habitantes a huir al cerro.
"Nadie debería pagar con cárcel, aquí no hubo dolo. En todo caso no quiero ser altanero", indicó Rojas.