La Fiscalía Regional de Tarapacá solicitó al Tribunal de Garantía de Pozo Almonte la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento para los tres conscriptos bolivianos que el pasado 25 de enero fueron detenidos por ingresar ilegalmente al país portando armamento de guerra en el sector de Colchane.
Con la conformidad de la defensa y la aprobación del juez de Garantía, el Fiscal Regional, Manuel Guerra, solicitó la aplicación de la salida alternativa para los tres ciudadanos bolivianos, con la condición de que salgan del país de forma inmediata y se les prohíba su ingreso a Chile durante el plazo de un año.
Según explicó el persecutor, la decisión procesal se sustentó en las condenas probables que podrían aplicarse a los bolivianos en el caso de ser condenados, las cuales no avizoraban penas efectivas. Ello, sumado a que un eventual juicio oral no se realizaría antes de 60 días.
"Tal como lo dijo el juez, nosotros no vivimos en una burbuja y si veíamos que esto se extendía por a lo menos 60 días más, iba seguir incubándose un conflicto que no ha sido creado por Chile, ya que Chile lo que ha hecho es hacer que se cumpla la ley chilena en territorio nacional", aseguró.
El Fiscal Regional explicó que las propuestas anteriores del Ministerio Público respondieron a realidades propias de cada momento.
"Cuando esto comenzó el 25 de enero, nosotros teníamos pura y simplemente un delito de porte ilegal de arma de guerra, no había ningún elemento de colaboración por parte de los imputados y su defensa y en ese instante nos pareció que lo más adecuado era solicitar la medida cautelar de prisión preventiva porque era proporcional considerando la pena asignada al delito por el cual se investigaba. Luego, esta medida cautelar fue objeto de recursos que fueron vistos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique y la Excelentísima Corte Suprema, ambas ratificaron, lo que demostraba a ojos de la justicia nacional que la medida no resultaba desproporcionada", aseguró.
El persecutor jefe de la región de Tarapacá aclaró, además, que la decisión adoptada en ningún caso señala la inexistencia de un delito, ya que a juicio de la Fiscalía sí existió un porte ilegal de arma de guerra.
"Nosotros sometemos a suspensión condicional del procedimiento hechos que son constitutivos de delito. Y este hecho a ojos nuestros y a ojos de la justicia chilena si no fuese constitutivo de delito debió haber operado un sobreseimiento definitivo, porque esa es la salida de los hechos que no son constitutivos de delito", aclaró el persecutor.
El Fiscal Regional descartó que esto se trate de una derrota y aseguró que "nosotros cuando cerramos la investigación siempre dijimos que no descartábamos ninguna salida. Nuestra propuesta ese día (lunes 25) fue porque nos pareció la más adecuada, pero nunca descartamos ninguna".
Asimismo, fue enfático en señalar que jamás hubo presiones de otros órganos del Estado y aseguró que "en Chile la declaración de poderes es real, no es virtual".
Foto: archivo Agencia Uno