Más de veinte años trabajó Gabriel San Martín en la PDI. Como armero de la institución se ganó la confianza de sus pares y superiores, pero también de los delincuentes de la zona sur de la Región Metropolitana a la que le vendía armamento.
San Martín manejaba municiones, escopetas, fusiles y subametralladoras. Junto a otras seis personas fue formalizado por la venta ilegal de armamento.
La información golpeó a la PDI, pero alertó de un nuevo fenónemo. El uso de armas en robos con violencia aumentó en un 10,5% desde 2014.
Expertos explican que lo anterior se debe al incremento del armamento en el mercado negro de armas en nuestro país.
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