Gendarmería resolvió iniciar anticipadamente el término del contrato con la empresa SecureAlert Chile SpA, encargada de proveer a la institución de las tobilleras electrónicas.
Esta decisión se debe al gran número de fallas reportado durante la "marcha blanca" de los dispositivos que servirán como medida medida sustitutiva a las penas de prisión para aquellos condenados por delitos de carácter sexual y violencia intrafamiliar.
De acuerdo a lo que informó el diario La Tercera, las fallas detectadas fueron errores en la información de ubicación de las personas en al menos 200 metros, la pérdida de la señal por 32 minutos, la inoperatividad del sistema en lugares subterráneos y la afectación del sistema cuando el aparato se envuelve el papel aluminio.
La empresa fue notificada el lunes y, a partir de esa fecha, tiene cinco días para realizar sus descargos.
"A nosotros nos interesa salvaguardar la tranquilidad física de la víctima y el control adecuado del victimario", explicó el vocero de Gendarmería, coronel Christian Alveal.
Tras esto, será Gendarmería quien decidirá si inicia un nuevo proceso de licitación, lo que deberá ser confirmado por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
La empresa respondió con un comunicado, señalando que "la tecnología que ha proporcionado para el programa de vigilancia electrónica cumple con los más altos estándares de rendimiento, ya que la misma tecnología sigue haciendo programas similares en países de todo el mundo".
Se estima que la licitación llega a los $35.153.352.000 y el monitoreo tenían un costo mensual de $3.500 para los condenados a libertad vigilancia intensiva. En el caso de arrestos domiciliarios, en tanto, disminuye a $2.450 en el mismo período.
El sistema de monitoreo es parte de la Ley N° 20.603 que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Tal es el caso de los brazaletes que se suman a la remisión condicional de la pena, reclusión penal, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal y prestación de servicio en beneficio de la comunidad.