El Gobierno defendió su determinación de no suscribir el Pacto Mundial para la Migración que fomenta la Organización de Naciones Unidas.
Mediante un comunicado, el Ejecutivo aclara que participó activamente de las negociaciones del tratado, ya que coincide plenamente en que la migración es un fenómeno de interés global que requiere de cooperación internacional.
No obstante, La Moneda asegura que la última versión del instrumento refleja ciertos estándares internacionales que no son compatibles con la política migratoria nacional.
"El pacto no distingue claramente entre los derechos y obligaciones que asisten a migrantes regulares e irregulares. Por ejemplo, en cuanto a la pertinencia de la detención y las circunstancias en que procede la reunificación familiar", indica el texto.
La declaración agrega que no se "establece una jerarquización de ciertos criterios que flexibilizan los procesos de regularización, como la movilidad laboral. Esta jerarquización no es coherente con la política migratoria de Chile".
Además, agrega que "se establecen beneficios a ciertas categorías de migrantes, como aquellos que abandonan su país por causa de desastres naturales. Esta diferenciación no tiene correlato en el derecho internacional y pone en riesgo el carácter excepcional del refugio como forma de protección internacional".
Adicionalmente, "si bien este instrumento no crea por sí mismo obligaciones internacionales, muchas de sus disposiciones sí utilizan un lenguaje vinculante. Esto deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional, asunto que pertenece a la esfera soberana de cada Estado".
"Por último, si bien el Pacto es correcto en su espíritu, pero la ambigüedad de los estándares que estable presentan un riesgo al diseño de una política migratoria responsable", indica el Ejecutivo.