El Gobierno emitió un comunicado de prensa en respuesta al informe de Aministía Internacional conocido este miércoles sobre los hechos ocurridos en el país en materia de orden público y seguridad a partir del 18 de octubre de 2019, el cual concluye, entre otras cosas, que Carabineros violó "de forma generalizada los derechos humanos" en Chile.
El organismo sostiene que el uso desmedido de la violencia "se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores".
Ante ello, desde el Ejecutivo tomaron conocimiento del documento y anunciaron que "se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado por parte de los órganos autónomos de derechos humanos (INDH y Defensoría de la Niñez), y de tres organismos internacionales (ACNUDH, CIDH y HRW)".
Por lo pronto, aseguraron que "el Gobierno de Chile siempre ha condenado toda conducta que atente contra los derechos humanos", y en ese marco establecieron sobre los contenidos que "el Gobierno lamenta que éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial".
Sobre el actuar policial, añaden que "el Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance. La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes".
Al detallar sobre lo anterior, el Gobierno hizo presente que el informe de AI "no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en el país y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas, como sí fue refrendado por los demás informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos".
Añaden que tampoco recoge el trabajo ya realizado por el Gobierno "para la implementación de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni la labor realizada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, ni de la Defensoría Penal Pública para fortalecer el resguardo de los derechos humanos".
Finalmente, recalcan que el Gobierno se encuentra implementando recomendaciones agrupadas en tres líneas de acción como son:
1. Avanzar en una reforma institucional integral en Carabineros de Chile.
2. Mejorar la regulación del derecho a reunión pacífica, a través de una discusión vía legal en sede democrática, esto es, en el Congreso.
3. Fortalecer el deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones a DD.HH.
- Establecer mayores mecanismos de control interno de la autoridad civil para investigar y sancionar conductas abusivas.
- Promover las investigaciones penales por parte del Ministerio Público.
- Garantizar el acceso oportuno a la justicia civil y penal para todas las personas.
- Reparaciones y apoyo del Estado para las víctimas de vulneraciones a los DD.HH.