El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, firmaron este jueves un convenio para la prevención y persecución del tráfico ilícito de drogas a nivel barrial y de las organizaciones criminales.
La idea del pacto es hacer más eficaz y eficiente la lucha contra este flagelo, realizando las labores policiales y persecutorias desde el ámbito barrial y con especial enfoque en atacar las organizaciones criminales.
"Entendemos que la seguridad es un derecho social y que el temor y la victimización es un reflejo de las desigualdades, y vamos a trabajar de manera coordinada, entre todos los actores, para que ese derecho sea efectivo para todos los ciudadanos, en todos los territorios", expresó Peñailillo.
El jefe de gabinete agregó que para el Gobierno "es una prioridad abordar el problema del narcotráfico, porque entendemos que los efectos que produce en la sociedad, afectan los fundamentos básicos de la convivencia pacífica y democrática".
En la ocasión, el secretario de Estado recordó la "Operación Capricornio" llevada a cabo el último fin de semana, que significó uno de los decomisos más grandes en el país y permitió desarticular una banda altamente especializada.
"Estas más de tres toneladas de droga eran para consumo interno. Es algo preocupante, que nos debe llamar a combatir con más fuerza el tráfico y fomentar la prevención. Estas bandas criminales cuentan con recursos tecnológicos y financieros muy relevantes. Todos tenemos que estar a la altura para combatir estas organizaciones", enfatizó.
En la ceremonia también estuvieron presentes el General Director de Carabineros, Gustavo González Jure y el Director General de la PDI, Marcos Vásquez.
DETALLES DEL CONVENIO
El instrumento está orientado a coordinar esfuerzos, y plantea intervenir, de manera gradual y progresiva, al menos 100 barrios críticos en el período 2014-2018. Para 2014 se acuerda, además, realizar al menos 80 procedimientos focalizados y lograr desarticular al menos 15 organizaciones ilícitas para el tráfico de drogas.
Entre los puntos de este convenio, se estipula que los 100 barrios serán definidos en función de un listado confeccionado entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en virtud de datos objetivos de criminalidad.
Además, consigna que una vez definida la estrategia de intervención regional, basada en los diagnósticos técnicos disponibles, se constituirán las Mesas Regionales de Coordinación Interinstitucional, cuyo objetivo será la identificación concreta de los problemas territoriales así como las mejores formas de intervención.