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Hermana de comandante en jefe del Ejército mantiene viajes objetados en el Estado Mayor Conjunto

Un informe de Contraloría reveló objeciones de Finanzas para pagar estudios y carreras profesionales de funcionarios de esta sección, cuyo monto ascendió a $26.038.556. Tras un juicio de cuentas, la entidad ordenó a la coronel (r) Martínez reintegrar parte de ese monto, llegando a $10.654.944.

24Horas.cl Tvn

Viernes 9 de noviembre de 2018

Los pasajes abultados e irregularidades en la licitación de las agencias al interior del Ejército, que fueron constatados por la Contraloría en una fiscalización administrativa, culminó en un sumario contra la entonces jefa de Finanzas del Estado Mayor Conjunto (EMCO), la coronel Leticia Martínez Menanteau, hermana del actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Según consignó La Segunda, contra ella también existió un juicio de cuentas, derivado de problemas con la contratación de cursos para funcionarios de su repartición y el arriendo de un hotel en Haití. En tanto, los datos contenidos en el informe y en las resoluciones posteriores son investigados por la ministra Romy Rutherford tras la información entregada por testigos.

De esta manera, se encuentra en la mira el accionar de la empresa Travel Security que trabajó con el Estado Mayor Conjunto entre 2008 y 2010.

El informe de Contraloría se gestó tras una petición que hizo el entonces ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien señaló al medio de comunicación que le "llegó una denuncia anónima, recuerdo que aparentemente por sobreprecios de pasajes (... )Se ordenó la investigación y hasta ahí sé, porque dejé el cargo antes que llegara el informe".

Cabe destacar que en estos viajes, que en algunos casos incluyeron hospedaje, la investigación de la Contraloría detectó irregularidades. "El EMCO utilizó la modalidad 'licitación pública menor a 100 UTM', aún cuando, las transacciones en los años anteriores promediaban más de 1.000 UTM. Esto implicaba no poder contratar los servicios directamente y no pasar por la 'toma de razón' de la Contraloría. Con esta vía EMCO pudo además renovar los contratos "hasta por tres períodos iguales y sucesivos'".

El documento también precisó que "a través de tablas comparativas con las ofertas existentes en la modalidad 'convenios marco' de Mercado Público, se constataron sobreprecios en los costos de los contratos de pasajes aéreos y hospedajes".

"En cuanto a los valores ofertados por Travel Security por concepto de cargos netos por agencia, se comprobó que si bien durante el año 2010 los montos fueron similares a los ofrecidos en los convenios marco, en los años 2008 y 2009 la empresa cobró al Estado Mayor Conjunto valores superiores a los que ofreció en el catálogo a través de estos convenios", afirma el texto.

De esta manera, el informe constata que, tras una fiscalización anterior, ya había dado cuenta al EMCO de situaciones similares y que no hubo colaboración por parte de Finanzas. "El equipo de trabajo debió enfrentar la falta de entrega de información relevante para la tarea realizada, carencia de respaldos y restricciones dispuestas a la posibilidad de entrevistar a funcionarios a cargo de las áreas investigadas".

El informe también analizó una serie de contrataciones del EMCO con ocho entidades educacionales -desde la Universidad Católica hasta Esucomex- para financiar estudios y carreras profesionales de funcionarios de la sección Finanzas, hecho que no estaba autorizado para esa repartición.

De esta manera, el documento señala objeciones a estos pagos, que ascendieron en total a $26.038.556. Tras un juicio de cuentas, la Contraloría ordenó a la coronel (r) Martínez reintegrar parte de ese monto, llegando a $10.654.944. Respecto a los otros $15.383.612, el dinero fue repartido entre los entonces generales Alfredo Ewing Pinochet y Cristián Le Dantec Gallardo, además de otros.

En ese mismo juicio, Leticia Martínez fue condenada por la Contraloría a pagar un tercio del $1.104.114 que desembolsó el EMCO por la contratación a Travel Security de un salón en un hotel de Puerto Príncipe, donde se habría llevado a cabo una reunión entre las unidades chilenas y argentinas desplegadas en Haití y el Grupo Bilateral de Decisión Política de la Fuerza de Paz Combinada "Cruz del Sur".

El encuentro fue convocado para el 23 y 27 de noviembre de 2009, sin embargo, la orden de compra se emitió sólo dos meses después, a pocos días del terremoto en Haití y que provocó el derrumbe del hotel. "Habiéndose requerido más antecedentes que justificaran esta situación, no se demostró la realización del servicio", afirmó Contraloría.